África
a) África Occidental
a) África Occidental
En Côte d’Ivoire a principios de marzo se alcanzó un nuevo acuerdo de paz entre el Presidente, L. Gbagbo, y el líder de la coalición opositora Forces Nouvelles (FN), G. Soro, que puede desbloquear los diversos contenciosos que han impedido hasta la fecha el avance del proceso de paz. El acuerdo estipula la creación de un nuevo Gobierno de transición (sin dejar claro el futuro papel del actual Primer Ministro, C.K. Banny), un mando militar conjunto entre las FFAA y las FN, un calendario para los procesos de desarme, de registro de votantes y de celebración de elecciones, y la desaparición paulatina de la zona de seguridad que separa norte y sur controlada por la UNOCI y la fuerza de apoyo francesa LICORNE. Además, se comprometieron a establecer una nueva ley de amnistía que excluya los crímenes de guerra y contra la humanidad. El acuerdo contó con un amplio apoyo de movimientos políticos y sociales del país. Sin embargo, la situación continuó siendo muy frágil, tal y como destacó el Representante Especial del Secretario General de la ONU, P. Schori (que dejó su cargo en febrero), quien alertó de que el país se encontraba al borde del desastre debido a la falta de voluntad de la clase política para poner fin a la crisis de los últimos cuatro años, y de que continuaba degradándose la situación de seguridad, humanitaria, económica y social.
En el Delta del Níger, en Nigeria, persistieron los ataques contra el sector petrolífero en paralelo a la escalada de la violencia en todo el país, y en particular en la región del Delta,
como consecuencia de la proximidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales,
que tendrán lugar el próximo 21 de abril. Aumentaron los ataques contra las comisarías de
policía, además de los ataques y secuestros de personal de las plataformas petroleras por
parte de los grupos armados, principalmente el MEND. En este sentido, el número de
secuestros cometidos sólo durante enero en el Delta casi igualó a los cometidos durante todo
el año 2006, hecho que en parte responde a la proximidad de los procesos electorales como
forma de financiación de las actividades electorales, según diversos analistas. En paralelo, se
produjeron numerosos enfrentamientos intercomunitarios en diversos estados del Delta,
algunos de ellos vinculados a la proximidad de la cita electoral.
b) Cuerno de África
La situación en Somalia se deterioró gravemente tras la confrontación a finales de diciembre
entre el Gobierno Federal de Transición (GFT), apoyado por las FFAA etíopes, contra las milicias de los tribunales islámicos, que comportó la rápida derrota de estos últimos. Estos hechos dieron paso a una nueva situación de violencia e inseguridad, principalmente en Mogadishu, donde se produjeron ataques continuos contra las fuerzas gubernamentales somalíes, las autoridades políticas y las FFAA etíopes por parte de milicias y grupos opuestos
a la presencia de las tropas extranjeras y contrarios al GFT, lo que provocó el desplazamiento
forzado de unas 20.000 personas. La aprobación en febrero por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 1.744 con la que se dio luz verde al despliegue de la fuerza de paz de la UA (AMISOM) abrió el camino al despliegue de las tropas ugandesas de la AMISOM, a las que se unirán los contingentes de Nigeria, Burundi y Ghana. Sin embargo, los compromisos adquiridos sólo alcanzaron la mitad de los 8.500 militares previstos para poder llevar a cabo su cometido: protección de las instituciones federales de transición, formación y entrenamiento de los cuerpos de seguridad, protección de la asistencia humanitaria a la población civil, promoción del diálogo, la reconciliación y el apoyo a la seguridad y estabilidad del país. En paralelo, el Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, anunció, bajo la presión internacional, la celebración de una conferencia de reconciliación a partir del 16 de abril, ya que la situación continuará deteriorándose a menos que se consiga promover un proceso de reconciliación real que configure un gobierno de unidad nacional que incluya a líderes de las comunidades que apoyaban a los tribunales, para que se sientan partícipes del proceso político y apoyen la labor de la misión africana en el país. En este sentido, el despliegue se ha iniciado en medio de ataques contra las tropas ugandesas, vistas como aliadas del GFT y de las tropas etíopes.
Por lo que respecta a la región de Darfur, en Sudán, durante el primer trimestre del año no se
produjeron avances en el establecimiento de la misión híbrida ONU/UA más allá de la fase primera (programa de asistencia policial) de las tres fases acordadas entre la UA, Naciones
Unidas y el Gobierno sudanés debido al bloqueo de Jartum que siguió contando con el beneplácito de China.. Así, en las Conclusiones de Addis Abeba y el Comunicado de Abuja del
pasado noviembre, la fase tercera significaría la ampliación de la misión de los 7.000 militares
actuales a los 20.000 propuestos por el Consejo de Seguridad de la ONU. Como consecuencia,
continuó agravándose la situación de violencia y de desastre humanitario (alrededor de 300.000 muertos desde que se inició en 2003, dos millones y medio de personas desplazadas, 230.000 refugiadas en Chad, más de cuatro millones de personas dependientes de la asistencia humanitaria). Naciones Unidas alertó de la posibilidad de que las operaciones humanitarias pudieran colapsarse ante el constante aumento de la violencia. Además, fracasaron las iniciativas diplomáticas de Naciones Unidas y la UA por un lado y de Libia y Eritrea por otro. Cabe destacar, no obstante, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional nombró a los dos primeros sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en Darfur entre los años 2003 y 2004, el actual Ministro de Asuntos Humanitarios, A. Haroun, que en el periodo en cuestión ocupaba el cargo de Ministro del Interior, y A. M. Ali Abd-al Rahman, también conocido como Ali Kushayb, supuesto líder de milicias Janjaweed y coronel de las FFAA en la localidad de Wadi Salih (Darfur Occidental). Ambos encausados habrían trabajado de manera conjunta en la región, financiando y dirigiendo las actividades de las Janjaweed.
c) Grandes Lagos y África Central
La situación en RD Congo se caracterizó por la persistencia de la inestabilidad política y de la violencia en el este del país. Cabe destacar el nombramiento a finales de año del nuevo Primer Ministro, A. Gizenga, líder del partido PALU, quien culminó la configuración del nuevo Gobierno postransición en febrero (en el que no ha integrado a ningún representante de la oposición política ni de los antiguos grupos armados) en paralelo a un clima de violencia como consecuencia de la represión de las manifestaciones de protesta. Alrededor de 100 personas murieron en la provincia de Bas-Congo a raíz de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y los miembros de la secta religiosa Bundu Dia Kongo cuyos candidatos, aliados del partido UN de J.P. Bemba, fueron derrotados en las elecciones a gobernador, lo que provocó acusaciones de fraude, compra de cargos electos y corrupción. Además, a finales del trimestre se desencadenaron enfrentamientos entre la guardia de seguridad de J.P. Bemba y las FFAA congolesas en torno a la cuestión del desarme y reducción de la milicia encargada de la seguridad del líder opositor. Por otra parte, continuó el clima de inseguridad y violencia en la región este del país, principalmente en las provincias de Kivu norte y sur y en el distrito de Ituri (Orientale), donde persistió el reclutamiento de menores soldado. Así, se produjeron duros enfrentamientos entre el grupo armado de oposición rwandés FDLR y las FFAA congolesas tras el despliegue de un batallón integrado en la provincia de Kivu norte. Sin embargo, las tropas del general renegado L. Nkunda iniciaron su integración en las FFAA unificadas tras los compromisos adquiridos con el Gobierno congolés con la facilitación de Rwanda. Además, el grupo FNI de P. Karim de Ituri inició el proceso de DDR a finales de febrero tras diversas violaciones del alto el fuego declarado en noviembre y enfrentamientos con las FFAA, los más recientes en enero, que provocaron el desplazamiento forzado de miles de personas.
como consecuencia de la proximidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales,
que tendrán lugar el próximo 21 de abril. Aumentaron los ataques contra las comisarías de
policía, además de los ataques y secuestros de personal de las plataformas petroleras por
parte de los grupos armados, principalmente el MEND. En este sentido, el número de
secuestros cometidos sólo durante enero en el Delta casi igualó a los cometidos durante todo
el año 2006, hecho que en parte responde a la proximidad de los procesos electorales como
forma de financiación de las actividades electorales, según diversos analistas. En paralelo, se
produjeron numerosos enfrentamientos intercomunitarios en diversos estados del Delta,
algunos de ellos vinculados a la proximidad de la cita electoral.
b) Cuerno de África
La situación en Somalia se deterioró gravemente tras la confrontación a finales de diciembre
entre el Gobierno Federal de Transición (GFT), apoyado por las FFAA etíopes, contra las milicias de los tribunales islámicos, que comportó la rápida derrota de estos últimos. Estos hechos dieron paso a una nueva situación de violencia e inseguridad, principalmente en Mogadishu, donde se produjeron ataques continuos contra las fuerzas gubernamentales somalíes, las autoridades políticas y las FFAA etíopes por parte de milicias y grupos opuestos
a la presencia de las tropas extranjeras y contrarios al GFT, lo que provocó el desplazamiento
forzado de unas 20.000 personas. La aprobación en febrero por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 1.744 con la que se dio luz verde al despliegue de la fuerza de paz de la UA (AMISOM) abrió el camino al despliegue de las tropas ugandesas de la AMISOM, a las que se unirán los contingentes de Nigeria, Burundi y Ghana. Sin embargo, los compromisos adquiridos sólo alcanzaron la mitad de los 8.500 militares previstos para poder llevar a cabo su cometido: protección de las instituciones federales de transición, formación y entrenamiento de los cuerpos de seguridad, protección de la asistencia humanitaria a la población civil, promoción del diálogo, la reconciliación y el apoyo a la seguridad y estabilidad del país. En paralelo, el Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, anunció, bajo la presión internacional, la celebración de una conferencia de reconciliación a partir del 16 de abril, ya que la situación continuará deteriorándose a menos que se consiga promover un proceso de reconciliación real que configure un gobierno de unidad nacional que incluya a líderes de las comunidades que apoyaban a los tribunales, para que se sientan partícipes del proceso político y apoyen la labor de la misión africana en el país. En este sentido, el despliegue se ha iniciado en medio de ataques contra las tropas ugandesas, vistas como aliadas del GFT y de las tropas etíopes.
Por lo que respecta a la región de Darfur, en Sudán, durante el primer trimestre del año no se
produjeron avances en el establecimiento de la misión híbrida ONU/UA más allá de la fase primera (programa de asistencia policial) de las tres fases acordadas entre la UA, Naciones
Unidas y el Gobierno sudanés debido al bloqueo de Jartum que siguió contando con el beneplácito de China.. Así, en las Conclusiones de Addis Abeba y el Comunicado de Abuja del
pasado noviembre, la fase tercera significaría la ampliación de la misión de los 7.000 militares
actuales a los 20.000 propuestos por el Consejo de Seguridad de la ONU. Como consecuencia,
continuó agravándose la situación de violencia y de desastre humanitario (alrededor de 300.000 muertos desde que se inició en 2003, dos millones y medio de personas desplazadas, 230.000 refugiadas en Chad, más de cuatro millones de personas dependientes de la asistencia humanitaria). Naciones Unidas alertó de la posibilidad de que las operaciones humanitarias pudieran colapsarse ante el constante aumento de la violencia. Además, fracasaron las iniciativas diplomáticas de Naciones Unidas y la UA por un lado y de Libia y Eritrea por otro. Cabe destacar, no obstante, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional nombró a los dos primeros sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en Darfur entre los años 2003 y 2004, el actual Ministro de Asuntos Humanitarios, A. Haroun, que en el periodo en cuestión ocupaba el cargo de Ministro del Interior, y A. M. Ali Abd-al Rahman, también conocido como Ali Kushayb, supuesto líder de milicias Janjaweed y coronel de las FFAA en la localidad de Wadi Salih (Darfur Occidental). Ambos encausados habrían trabajado de manera conjunta en la región, financiando y dirigiendo las actividades de las Janjaweed.
c) Grandes Lagos y África Central
La situación en RD Congo se caracterizó por la persistencia de la inestabilidad política y de la violencia en el este del país. Cabe destacar el nombramiento a finales de año del nuevo Primer Ministro, A. Gizenga, líder del partido PALU, quien culminó la configuración del nuevo Gobierno postransición en febrero (en el que no ha integrado a ningún representante de la oposición política ni de los antiguos grupos armados) en paralelo a un clima de violencia como consecuencia de la represión de las manifestaciones de protesta. Alrededor de 100 personas murieron en la provincia de Bas-Congo a raíz de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y los miembros de la secta religiosa Bundu Dia Kongo cuyos candidatos, aliados del partido UN de J.P. Bemba, fueron derrotados en las elecciones a gobernador, lo que provocó acusaciones de fraude, compra de cargos electos y corrupción. Además, a finales del trimestre se desencadenaron enfrentamientos entre la guardia de seguridad de J.P. Bemba y las FFAA congolesas en torno a la cuestión del desarme y reducción de la milicia encargada de la seguridad del líder opositor. Por otra parte, continuó el clima de inseguridad y violencia en la región este del país, principalmente en las provincias de Kivu norte y sur y en el distrito de Ituri (Orientale), donde persistió el reclutamiento de menores soldado. Así, se produjeron duros enfrentamientos entre el grupo armado de oposición rwandés FDLR y las FFAA congolesas tras el despliegue de un batallón integrado en la provincia de Kivu norte. Sin embargo, las tropas del general renegado L. Nkunda iniciaron su integración en las FFAA unificadas tras los compromisos adquiridos con el Gobierno congolés con la facilitación de Rwanda. Además, el grupo FNI de P. Karim de Ituri inició el proceso de DDR a finales de febrero tras diversas violaciones del alto el fuego declarado en noviembre y enfrentamientos con las FFAA, los más recientes en enero, que provocaron el desplazamiento forzado de miles de personas.
RD Congo: ¿viejas caras, viejas costumbres?
El esperado anuncio del Primer Ministro A. Gizenga de la composición del nuevo Gabinete de Gobierno tras más de un mes de conversaciones desde que el 30 de diciembre de 2006 ocupara su cargo tuvo lugar a principios de febrero. Numerosos políticos y medios de comunicación lamentaron que, a pesar de los anuncios de A. Gizenga de que el nuevo Gabinete se caracterizaría por su inclusividad, su honestidad y por la ruptura con el pasado de corrupción y participación en la expoliación de los recursos naturales del país, los aliados del Presidente, J. Kabila, tienen un importante peso, ya que a excepción de A. Gizenga y N. Mobutu (hijo del antiguo Presidente, M. Sese Seko), no hay más representantes de la parte occidental del país, donde el principal partido de la oposición tiene un apoyo mayoritario. En este sentido, no hay
representantes de los antiguos grupos armados MLC (actual UN de J. P. Bemba) ni del RCD (A.
Ruberwa). El Gobierno está compuesto por un equipo de seis Ministros de Estado y un amplio gabinete de 34 Ministros y 20 Viceministros, entre los cuales sólo aparecen nueve mujeres. Se constata que las principales carteras estarán en manos de hombres próximos al Presidente como el Ministro de Interior, D. Kalume (que mantiene su cargo) o en manos de sus aliados, que aparecen en algunos informes de Naciones Unidas sobre la expoliación de los recursos naturales.
R. Centroafricana siguió atravesando una grave crisis de seguridad y humanitaria durante el
trimestre. Persistieron los enfrentamientos en el norte del país entre las FFAA y el grupo insurgente APRD del antiguo miembro de las FFAA, B. N’Djadder, y también continuó presente
el clima de inseguridad en la zona oeste fronteriza con Camerún. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre el líder de la coalición de grupos UFDR, A. Miskine, y el Presidente, F. Bozizé, en Libia con la facilitación de M. Ghadaffi abrió perspectivas positivas de cara a resolver las múltiples violencias que azotan el país y de cara a facilitar el despliegue de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU que garantice la seguridad de sus volátiles fronteras con Chad y Sudán. No obstante, a finales del trimestre el UFDR continuó llevando a cabo operaciones militares en el noreste del país como los ataques a la ciudad de Birao y su aeropuerto, que fueron respondidas por las FFAA centroafricanas con el apoyo logístico y militar francés, que entró en combate contra la UFDR tras sufrir un ataque por parte de la coalición insurgente.
Durante el primer trimestre de 2007 continuó agravándose la situación en el este del Chad. El
propio Secretario General de la ONU destacó en su último informe que la zona estuvo enfrentando una crisis humanitaria y de seguridad multifacética. Amnistía Internacional
describió la impunidad con la que actúan las milicias Janjaweed sudanesas junto con aliados
del Chad, y los asesinatos, saqueos, destrucción de aldeas y violaciones y señaló que la situación de la población civil se deterioró aún más debido al conflicto entre comunidades étnicas y los ataques de los rebeldes chadianos. En el este del Chad existen 232.000 sudaneses refugiados y 120.000 chadianos desplazados internos. Ante esta situación, el Consejo de Seguridad de la ONU se mostró favorable al establecimiento de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU formada por entre 6.000 y 11.000 soldados. Esta misión debería ocuparse de la protección de la población desplazada y refugiada en Chad y R. Centroafricana y garantizar la seguridad en las fronteras de ambos países para frenar la expansión de la violencia procedente de Darfur ante la imposibilidad de ampliar la presencia y el mandato de los cascos azules en la región sudanesa. Sin embargo, N’Djamena rechazó esta presencia militar y dio su beneplácito a un despliegue menor, de carácter civil compuesto de gendarmes y policías. En el plano diplomático, el Presidente chadiano y el líder del FUC alcanzaron un acuerdo de paz en Trípoli.6 Sin embargo, el resto de grupos y escisiones del FUC rechazaron el acuerdo. Por último, Chad, R. Centroafricana y Sudán
reiteraron en Cannes su compromiso a no apoyar a los respectivos grupos insurgentes, como
ya habían acordado en ocasiones anteriores.
¿Se está gestando un genocidio en Chad?
A mediados de febrero ACNUR alertó de que la situación de violencia que atraviesa el este del Chad tiene numerosos paralelismos con el genocidio en Rwanda de 1994. En este sentido, la organización remarcó que las tácticas de guerrillas utilizadas en Darfur (Sudán) se habían replicado en el este del Chad. En consecuencia, representantes de la organización humanitaria destacaron que se debían aprovechar las últimas oportunidades para evitar que una tragedia como la de Rwanda hace ya más de una década pudiera volver a repetirse. La violencia de carácter multidimensional que tiene lugar en la actualidad en el este del Chad incluye los enfrentamientos entre el Gobierno chadiano y los grupos rebeldes con base en Sudán, los ataques transfronterizos a la población civil por parte de las milicias sudanesas, la presencia de grupos armados de oposición sudaneses en territorio chadiano, violencia étnica, desplazamiento interno, tensiones intercomunales y criminalidad.
Las frágiles conversaciones de paz entre el Gobierno de Uganda y el grupo armado de oposición LRA para poner fin al conflicto armado que padece el norte del país permanecieron interrumpidas desde enero como consecuencia de la exigencia del LRA de que fuera sustituido
el equipo mediador y la sede de las negociaciones. Hasta su interrupción, el proceso había
transcurrido en Juba bajo la responsabilidad del Vicepresidente de Sudán del Sur, R. Machar, y
para intentar poner fin al bloqueo se desató una serie de iniciativas locales e internacionales. Esta situación, unida a la expiración del cese de hostilidades el 28 de febrero (tras más de seis meses), provocaron que ambas partes amenazaran con reanudar las operaciones militares si resultaban atacadas, aunque mantuvieron el cese de hostilidades más allá de la fecha límite y se comprometieron a reanudar las conversaciones a mediados de abril. En el plano militar, aunque se produjeron violaciones esporádicas del cese de hostilidades, ambas partes respetaron en general el acuerdo lo que redundó en una mejora de la seguridad en el norte de Uganda permitiendo el retorno a sus lugares de origen a entre 230.000 y 350.000 personas durante 2006 de los 1,7 millones de desplazados internos, aunque la incertidumbre en torno al proceso de paz y la inseguridad en la región redujeron las expectativas iniciales del Gobierno.
d) Magreb y Norte de África
En Argelia, la proclamación el pasado 11 de septiembre de la alianza del GSPC con al-Qaeda,
que desde entonces se denomina la Organización de al-Qaeda en el Magreb, vino acompañada de un incremento de la violencia. Esta situación persistió durante el primer trimestre de 2007 y fue adquiriendo una perspectiva regional debido a la progresiva presencia de miembros del GSPC en otros países del Magreb (Mauritania, Túnez) llevando a cabo tareas de entrenamiento y reclutamiento de nuevos miembros. Así, se produjo en febrero y marzo una oleada de atentados y explosiones de coches-bomba en la Cabilia y las inmediaciones de Argel. En el último año se calcula que murieron 400 personas en el país (comparado con 480 en 2005), 63 de las cuales en el último trimestre del año (27 de ellos eran soldados y gendarmes). Además, un comunicado del líder del GSPC, A. Mussaab Abdelwadud, aseguró que un buen número de los 2.629 amnistiados en el marco de la reconciliación propugnada por el Presidente A. Bouteflika, se estaban uniendo a sus filas e hizo un llamamiento a atacar objetivos gubernamentales y extranjeros. En paralelo, continuaron las operaciones de contrainsurgencia por parte de las FFAA en diversas partes del país, e incluso en Argel.
América
El trimestre en Colombia se caracterizó por los escándalos relacionados con la "parapolítica",
consistente en la infiltración de las estructuras paramilitares en diferentes partidos políticos e instituciones del Estado. Nueve congresistas, un ex Ministro, y el anterior director de los servicios de inteligencia ingresaron en prisión, y la Ministra de Exteriores se vio forzada a dimitir. En paralelo, el Alto Consejero para la Reintegración anunció que no se tenía noticia
del paradero de cerca de 5.000 paramilitares desmovilizados, y la OEA reiteró las alertas sobre
el rearme y la conformación de nuevos grupos ilegales. El presupuesto nacional de defensa se
mantuvo sobre el 5% del PIB, e incluyó la adquisición de nuevos aviones y helicópteros, así
como el incremento de las acciones militares. Sin embargo, se generó un clima de incertidumbre en torno a la continuidad del apoyo militar norteamericano, ante las críticas del Partido Demócrata por la falta de resultados del Plan Colombia. En cuanto a las guerrillas, prosiguieron los enfrentamientos armados entre el ELN y las FARC en Arauca y Nariño, que incluso valieron una condena de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país por los homicidios de personas protegidas y los desplazamientos forzados contra la población civil. Las FARC realizaron su IX Conferencia, sin que de momento se conocieran los resultados de la misma; sus milicias urbanas en Cali y en el puerto de Buenaventura sufrieron diversas pérdidas y derrotas militares. La actividad militar del ELN se mantuvo bajo mínimos mientras se define el posible inicio de conversaciones formales con el Gobierno.
Asia y Pacífico
a) Asia Meridional
que desde entonces se denomina la Organización de al-Qaeda en el Magreb, vino acompañada de un incremento de la violencia. Esta situación persistió durante el primer trimestre de 2007 y fue adquiriendo una perspectiva regional debido a la progresiva presencia de miembros del GSPC en otros países del Magreb (Mauritania, Túnez) llevando a cabo tareas de entrenamiento y reclutamiento de nuevos miembros. Así, se produjo en febrero y marzo una oleada de atentados y explosiones de coches-bomba en la Cabilia y las inmediaciones de Argel. En el último año se calcula que murieron 400 personas en el país (comparado con 480 en 2005), 63 de las cuales en el último trimestre del año (27 de ellos eran soldados y gendarmes). Además, un comunicado del líder del GSPC, A. Mussaab Abdelwadud, aseguró que un buen número de los 2.629 amnistiados en el marco de la reconciliación propugnada por el Presidente A. Bouteflika, se estaban uniendo a sus filas e hizo un llamamiento a atacar objetivos gubernamentales y extranjeros. En paralelo, continuaron las operaciones de contrainsurgencia por parte de las FFAA en diversas partes del país, e incluso en Argel.
América
El trimestre en Colombia se caracterizó por los escándalos relacionados con la "parapolítica",
consistente en la infiltración de las estructuras paramilitares en diferentes partidos políticos e instituciones del Estado. Nueve congresistas, un ex Ministro, y el anterior director de los servicios de inteligencia ingresaron en prisión, y la Ministra de Exteriores se vio forzada a dimitir. En paralelo, el Alto Consejero para la Reintegración anunció que no se tenía noticia
del paradero de cerca de 5.000 paramilitares desmovilizados, y la OEA reiteró las alertas sobre
el rearme y la conformación de nuevos grupos ilegales. El presupuesto nacional de defensa se
mantuvo sobre el 5% del PIB, e incluyó la adquisición de nuevos aviones y helicópteros, así
como el incremento de las acciones militares. Sin embargo, se generó un clima de incertidumbre en torno a la continuidad del apoyo militar norteamericano, ante las críticas del Partido Demócrata por la falta de resultados del Plan Colombia. En cuanto a las guerrillas, prosiguieron los enfrentamientos armados entre el ELN y las FARC en Arauca y Nariño, que incluso valieron una condena de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país por los homicidios de personas protegidas y los desplazamientos forzados contra la población civil. Las FARC realizaron su IX Conferencia, sin que de momento se conocieran los resultados de la misma; sus milicias urbanas en Cali y en el puerto de Buenaventura sufrieron diversas pérdidas y derrotas militares. La actividad militar del ELN se mantuvo bajo mínimos mientras se define el posible inicio de conversaciones formales con el Gobierno.
Asia y Pacífico
a) Asia Meridional
La situación en Afganistán continuó caracterizándose por una escalada de la violencia y de los ataques por parte de las milicias talibán y de las operaciones de las FFAA afganas y las tropas estadounidenses contra estas milicias, así como por un incremento de los atentados suicidas. Además, también se incrementaron los ataques transfronterizos de las milicias talibán procedentes de Pakistán. El Reino Unido amplió en 1.400 soldados su participación en la misión de la OTAN en el país (ISAF) a petición de la propia organización, aunque el resto de países se mostraron reticentes a aumentar su presencia en el país. En este sentido la OTAN inició una ofensiva a gran escala contra las milicias talibán en el sur, en la provincia de Helmand. Por otra parte, la Wolesi Jirga o Cámara Baja del Parlamento aprobó una ley por la que se instaba a los integrantes de los grupos armados y milicias que han combatido en el país en las últimas décadas a unirse a un proceso de paz y de reconciliación y también promovía una amplia amnistía. Ante esta decisión, una agrupación de 58 organizaciones de la sociedad civil y pro derechos humanos, iniciaron una campaña contra dicha ley, con la que se garantizaría la inmunidad por todos los crímenes de guerra cometidos.
En India se analiza la situación de dos contextos de violencia. Con relación al estado de Jammu y Cachemira, durante el primer trimestre de 2007 se constataron algunos enfrentamientos esporádicos entre las FFAA y los grupos independentistas cachemires, aunque en enero la principal coalición de partidos independentistas de Jammu y Cachemira, APHC, solicitó el abandono de la lucha armada y en febrero instó a los grupos armados a declarar un alto el fuego temporal que podría ayudar en la resolución del conflicto. Ambos países continuaron con las conversaciones de paz a pesar del atentado dirigido a boicotear el proceso de paz que se produjo en el tren que une las ciudades de Lahore y Delhi causando la muerte de 68 personas. De resultas de este conflicto, entre 40.000 y 60.000 personas han muerto desde 1989 en la región. Por otra parte, en el estado de Assam, diversos grupos armados mantienen una disputa con las autoridades indias desde hace décadas en reivindicación de la independencia y la defensa de los derechos de las comunidades locales. Durante el trimestre se produjeron diversos ataques por parte del grupo armado de oposición ULFA contra población hindi en mercados y oleoductos, causando la muerte de decenas de personas. Sin embargo, el ULFA retiró su amenaza de boicotear un campeonato nacional, y el primer ministro de Assam renovó su oferta de paz al ULFA.
En cuanto a la situación de Sri Lanka, la reanudación del conflicto armado de manera abierta a partir del tercer trimestre del 2006 tuvo como consecuencia una escalada de la violencia y de las operaciones militares entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE, que ya han causado desde abril de 2006 el desplazamiento forzado de más de 200.000 personas. La presión militar de las fuerzas de seguridad cingalesas llevó al grupo armado a retirarse de la mayoría de las ciudades sobre las que tuvo el control durante la última década (incluido su principal feudo, Vakarai) y trasladar sus campamentos a la selva. En los últimos 15 meses han muerto 4.000 personas en el país a raíz de los actos de violencia esporádicos previos a la ruptura del alto el fuego y el posterior incremento de la violencia. Además, se constató un aumento de los secuestros coincidiendo con la ruptura del alto el fuego. No obstante, Noruega persistió en sus intentos de resucitar el proceso de paz.
b) Sudeste asiático y Oceanía
En Filipinas se registró un incremento de la violencia en los tres escenarios en conflicto. Respecto del grupo armado de oposición NPA, el Gobierno prosiguió con la ofensiva militar de
alta intensidad iniciada en el mes de junio, que tiene como objetivo principal la derrota definitiva
de la organización comunista en tres años. A pesar de que los enfrentamientos entre ambas partes provocaron decenas de muertes y heridos durante el trimestre, a principios de febrero el
Gobierno anunció la rendición, tras una serie de negociaciones, de 165 miembros del NPA y la
entrega de unas 80 armas en la provincia de Bukindon. El Gobierno también intensificó las
operaciones de contrainsurgencia contra el grupo armado de oposición Abu Sayyaf en el archipiélago de Sulu. En enero, el Gobierno anunció que el líder de la organización, K. Janjalani, había fallecido en combate en el mes de septiembre y que su muerte había sido confirmada a través de pruebas de ADN practicadas en EEUU. K. Janjalani era hermano del líder y fundador de Abu Sayyaf, también muerto en combate en 1998, y una de las personas más buscadas por los Gobiernos de Filipinas y EEUU. En cuanto al grupo armado de oposición MILF, durante el trimestre se registró uno de los peores rebrotes de violencia desde que se firmara el acuerdo de cese de hostilidades en 2003, que estuvo a punto de suponer la ruptura de las negociaciones de paz. Las hostilidades fueron incrementándose durante los tres primeros meses del año hasta culminar en los enfrentamientos de principios de marzo, que provocaron el desplazamiento de miles de personas en la provincia de Cotobato Norte y la muerte de una veintena de combatientes de ambas partes. Sin embargo, a mediados de marzo el Gobierno hizo una propuesta novedosa y bien recibida por el MILF en el marco de las negociaciones de paz y ordenó la retirada de sus tropas de algunas de las zonas en combate, lo que generó una reducción sustancial de la violencia.
MNLF: una década en paz y en armas
El MNLF se erigió desde principios de los años 70 en la vanguardia revolucionaria y en el principal referente ideológico de las distintas comunidades étnicas musulmanas de Mindanao, aunándolas bajo el concepto de pueblo Moro y creando una identidad común a partir del Islam, de experiencias históricas compartidas en el marco de los sultanatos de Sulu y Maguindanao y de resistencia contra los sucesivos intentos de colonización y aculturación por parte de españoles, estadounidenses y, ya desde la segunda mitad del siglo XX, filipinos. La encarnizada lucha del MNLF contra la dictadura de F. Marcos, así como la defensa de los derechos colectivos y de la autodeterminación del pueblo Bansamoro, hicieron del MNLF una de las principales y más grandes insurgencias del continente asiático y le valieron a su carismático líder, N. Misuari, el reconocimiento de la comunidad internacional.
Tras más de 20 años de negociaciones, en 1996 se firmó un acuerdo de paz bajo los auspicios de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), que preveía, a cambio de la renuncia del MNLF a la independencia, el establecimiento de una Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM), de la que N. Misuari fue su primer gobernador. En los años siguientes, sin embargo, tanto la inexperiencia e incompetencia de algunos de los nuevos cuadros dirigentes como la voluntad explícita del Gobierno filipino de no implementar plenamente algunas de las previsiones del acuerdo de paz provocaron un deterioro de la confianza entre las partes y una creciente frustración con el rendimiento de la autonomía en Mindanao. Todo ello culminó con una alianza contranatura entre Manila y algunos de los principales líderes del MNLF para desbancar a N. Misuari de su puesto de gobernador de la RAMM y máximo dirigente del MNLF. Finalmente, a finales de 2001, centenares de miembros del MNLF se rebelaron contra el Gobierno y N. Misuari fue apresado bajo cargos de corrupción y rebelión. Desde entonces, varias facciones del MNLF se han mantenido activas, especialmente en el archipiélago de Sulu, y se han registrado enfrentamientos periódicos con las FFAA. En primer lugar, porque la ofensiva militar contra Abu Sayyaf en la misma región inevitablemente ha generado malentendidos, encuentros no previstos y la voluntad de algunos sectores del oficialismo de vincular a ambos grupos. En segundo lugar, porque el MNLF exige la liberación de su líder histórico y la plena implementación del acuerdo de paz de 1996. Ambas reivindicaciones han sido secundadas por la OCI, que planteó un encuentro tripartito en Yeddah (Arabia Saudita) para abordar estas y otras cuestiones no previstas en el acuerdo de 1996, como el desarme del MNLF. Desde mediados de 2006 Manila fue postergando dicho encuentro por razones varias hasta que, en este último trimestre, uno de los principales comandantes del MNLF sobre el terreno retuvo durante algunos días en un campamento militar al equipo gubernamental encargado de negociar la revisión del acuerdo de paz. Finalmente, también por la acción diplomática de la OCI y la presión social de algunas organizaciones en Mindanao, parece que tal encuentro se realizará el próximo mes de julio y que N. Misuari podrá asistir a la cita.
b) Sudeste asiático y Oceanía
En Filipinas se registró un incremento de la violencia en los tres escenarios en conflicto. Respecto del grupo armado de oposición NPA, el Gobierno prosiguió con la ofensiva militar de
alta intensidad iniciada en el mes de junio, que tiene como objetivo principal la derrota definitiva
de la organización comunista en tres años. A pesar de que los enfrentamientos entre ambas partes provocaron decenas de muertes y heridos durante el trimestre, a principios de febrero el
Gobierno anunció la rendición, tras una serie de negociaciones, de 165 miembros del NPA y la
entrega de unas 80 armas en la provincia de Bukindon. El Gobierno también intensificó las
operaciones de contrainsurgencia contra el grupo armado de oposición Abu Sayyaf en el archipiélago de Sulu. En enero, el Gobierno anunció que el líder de la organización, K. Janjalani, había fallecido en combate en el mes de septiembre y que su muerte había sido confirmada a través de pruebas de ADN practicadas en EEUU. K. Janjalani era hermano del líder y fundador de Abu Sayyaf, también muerto en combate en 1998, y una de las personas más buscadas por los Gobiernos de Filipinas y EEUU. En cuanto al grupo armado de oposición MILF, durante el trimestre se registró uno de los peores rebrotes de violencia desde que se firmara el acuerdo de cese de hostilidades en 2003, que estuvo a punto de suponer la ruptura de las negociaciones de paz. Las hostilidades fueron incrementándose durante los tres primeros meses del año hasta culminar en los enfrentamientos de principios de marzo, que provocaron el desplazamiento de miles de personas en la provincia de Cotobato Norte y la muerte de una veintena de combatientes de ambas partes. Sin embargo, a mediados de marzo el Gobierno hizo una propuesta novedosa y bien recibida por el MILF en el marco de las negociaciones de paz y ordenó la retirada de sus tropas de algunas de las zonas en combate, lo que generó una reducción sustancial de la violencia.
MNLF: una década en paz y en armas
El MNLF se erigió desde principios de los años 70 en la vanguardia revolucionaria y en el principal referente ideológico de las distintas comunidades étnicas musulmanas de Mindanao, aunándolas bajo el concepto de pueblo Moro y creando una identidad común a partir del Islam, de experiencias históricas compartidas en el marco de los sultanatos de Sulu y Maguindanao y de resistencia contra los sucesivos intentos de colonización y aculturación por parte de españoles, estadounidenses y, ya desde la segunda mitad del siglo XX, filipinos. La encarnizada lucha del MNLF contra la dictadura de F. Marcos, así como la defensa de los derechos colectivos y de la autodeterminación del pueblo Bansamoro, hicieron del MNLF una de las principales y más grandes insurgencias del continente asiático y le valieron a su carismático líder, N. Misuari, el reconocimiento de la comunidad internacional.
Tras más de 20 años de negociaciones, en 1996 se firmó un acuerdo de paz bajo los auspicios de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), que preveía, a cambio de la renuncia del MNLF a la independencia, el establecimiento de una Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM), de la que N. Misuari fue su primer gobernador. En los años siguientes, sin embargo, tanto la inexperiencia e incompetencia de algunos de los nuevos cuadros dirigentes como la voluntad explícita del Gobierno filipino de no implementar plenamente algunas de las previsiones del acuerdo de paz provocaron un deterioro de la confianza entre las partes y una creciente frustración con el rendimiento de la autonomía en Mindanao. Todo ello culminó con una alianza contranatura entre Manila y algunos de los principales líderes del MNLF para desbancar a N. Misuari de su puesto de gobernador de la RAMM y máximo dirigente del MNLF. Finalmente, a finales de 2001, centenares de miembros del MNLF se rebelaron contra el Gobierno y N. Misuari fue apresado bajo cargos de corrupción y rebelión. Desde entonces, varias facciones del MNLF se han mantenido activas, especialmente en el archipiélago de Sulu, y se han registrado enfrentamientos periódicos con las FFAA. En primer lugar, porque la ofensiva militar contra Abu Sayyaf en la misma región inevitablemente ha generado malentendidos, encuentros no previstos y la voluntad de algunos sectores del oficialismo de vincular a ambos grupos. En segundo lugar, porque el MNLF exige la liberación de su líder histórico y la plena implementación del acuerdo de paz de 1996. Ambas reivindicaciones han sido secundadas por la OCI, que planteó un encuentro tripartito en Yeddah (Arabia Saudita) para abordar estas y otras cuestiones no previstas en el acuerdo de 1996, como el desarme del MNLF. Desde mediados de 2006 Manila fue postergando dicho encuentro por razones varias hasta que, en este último trimestre, uno de los principales comandantes del MNLF sobre el terreno retuvo durante algunos días en un campamento militar al equipo gubernamental encargado de negociar la revisión del acuerdo de paz. Finalmente, también por la acción diplomática de la OCI y la presión social de algunas organizaciones en Mindanao, parece que tal encuentro se realizará el próximo mes de julio y que N. Misuari podrá asistir a la cita.
En Myanmar el trimestre vino marcado por los reiterados llamamientos de la comunidad internacional y diferentes organizaciones humanitarias al Gobierno, para que, por una parte,
facilitase el acceso humanitario a la población afectada por la violencia armada y por otro lado,
a que se ponga fin a las operaciones militares de contrainsurgencia. Estas operaciones están teniendo lugar sobre todo en el este del país con graves consecuencias para la población civil. Los enfrentamientos armados han aumentado de intensidad fundamentalmente en el estado Karen, donde miles de personas se han visto obligadas a desplazarse en los últimos meses. En este estado, la dura ofensiva militar de las fuerzas armadas contra el grupo armado de oposición KNU podría haber llevado a cerca de 30.000 personas a tener que huir de sus hogares. Además, algunas ONG han denunciado que numerosas mujeres karen han sido víctimas de la violencia sexual perpetrada por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado. Por otra parte, en el mes de febrero tuvo lugar una escisión en el grupo armado KNU que dio lugar al KNU/KNLAPC.
En las provincias sureñas de Tailandia, de mayoría malaya y musulmana, la violencia se incrementó notablemente a pesar de que el Gobierno instaurado tras el golpe de Estado de
septiembre de 2006 declaró en más de una ocasión su intención de dialogar con los grupos
insurgentes y de adoptar algunas medidas de reconocimiento de los derechos de la minoría
musulmana en el sur del país. Así, según un informe publicado por un centro académico a finales de febrero, desde principios de 2004, casi 2.100 personas habrían muerto y otras 3.290
habrían resultado heridas como consecuencia de los más de 6.200 ataques perpetrados desde
entonces, entre los que cabe destacar una acción coordinada en la que estallaron más de una
veintena de artefactos explosivos de forma simultánea, provocando varios muertos y unos
cincuenta heridos y generando una gran conmoción en la opinión pública. Según el mencionado informe, en términos absolutos se producen más víctimas mortales entre la comunidad musulmana que entre la comunidad budista. Por otra parte, fue prorrogado por otros tres meses el decreto de emergencia en las tres provincias meridionales (Yala, Pattani y Narathiwat), uno de los principales y más controvertidos instrumentos de contrainsurgencia aprobado por vez primera bajo mandato del ex Primer Ministro T. Shinawatra.
Europa
En la república rusa de Chechenia, el conflicto estuvo marcado por el fin del proceso de amnistía a mediados de enero, al que se acogieron entre 400 y 500 rebeldes, y que fue considerado un éxito por las autoridades rusas y chechenas, mientras los líderes independentistas lo tildaron de propaganda. No obstante, continuaron registrándose diversos
enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y rebeldes chechenos a lo largo del trimestre, mientras R. Kadyrov, declaraba desde su cargo de Primer Ministro que todas las formaciones
armadas rebeldes habían sido destruidas. A mediados de febrero, se produjo un cambio
político de relevancia, con la dimisión del Presidente checheno, A. Alkhanov, y su sustitución por R. Kadyrov en una decisión aprobada por el Parlamento checheno a propuesta de V. Putin. Su nombramiento fue valorado de forma positiva por algunos líderes independentistas, mientras que ONG nacionales e internacionales le han vinculado con violaciones masivas de derechos humanos ejercidas por las fuerzas de seguridad a su cargo.
En ese sentido, el énfasis del nuevo Presidente en políticas de reconstrucción, descartando el
ámbito de la seguridad como cuestión prioritaria y defendiendo que Chechenia está en paz,
añadió incertidumbre a la situación de la población civil, que sufre los efectos del conflicto armado y la desprotección institucional. La impunidad de las fuerzas de seguridad y la práctica
del secuestro continuaron siendo elementos recurrentes en la república, según varias ONG.
También el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa criticó la práctica de la
tortura en Chechenia tras su visita a la república a finales de febrero.
Oriente Medio
La violencia de carácter sectario en Iraq durante el primer trimestre mantuvo los mismos niveles de gravedad experimentados durante el año 2006, conmemorándose en febrero el primer aniversario del atentado de Samarra que significó el inicio de los enfrentamientos de
carácter sectario. Sin embargo, la violencia que sufre el país tiene un carácter multifacético, ya
que este sectarismo se une a los enfrentamientos de los grupos insurgentes tanto shiíes como
sunníes (algunos de carácter baazista y pro sadamista) contra la presencia de las tropas ocupantes y también contra los nuevos cuerpos de seguridad iraquíes, así como los actos de
violencia vinculados a grupos sunníes dentro de la órbita de al-Qaeda y también a los servicios
secretos de diversos países que actúan en Iraq. Paralelamente, ha ido en aumento un tipo de
violencia de carácter criminal que practica secuestros y actos de delincuencia común cuya
proliferación pone de manifiesto el fracaso de las fuerzas de ocupación en su promesa de
garantizar la seguridad, la gobernabilidad y la restauración de las libertades en Iraq. Para
intentar hacer frente a toda esta compleja situación, el Primer Ministro, N. Al-Maliki anunció en
febrero un nuevo plan de seguridad en Bagdad conjunto entre las fuerzas estadounidenses e iraquíes. En este sentido, el Presidente, G.W Bush, también anunció a principios de año una nueva estrategia para Iraq que incluía un refuerzo de 21.500 militares (a pesar de las recomendaciones del Grupo de Estudios sobre Iraq), que se unirían a los 132.000 ya presentes en el país, además de medidas económicas y presiones políticas sobre el Gobierno de N. Al-Maliki. A finales de diciembre se produjo la ejecución del ex Presidente, S. Hussein, cuyas imágenes fueron difundidas provocando el recrudecimiento de la violencia. A principios de marzo se celebró, además, una conferencia internacional de paz que reunió en Bagdad a responsables de Siria, Irán y EEUU, para intentar abordar la situación desde una perspectiva regional, lo que puso de manifiesto la necesidad de EEUU de hacer frente a la situación desde un nuevo enfoque más plural.
En lo que respecta al conflicto armado entre Israel y Palestina, el trimestre se vio marcado por la violencia que enfrentó a las milicias de Hamas y Fatah y los intentos en paralelo de poner fin a esta situación y formar un Gobierno de unidad nacional para superar el bloqueo de la
comunidad internacional y especialmente de Israel y EEUU hacia el Gobierno de Hamas. Así,
se produjo una escalada de los enfrentamientos, principalmente en la franja de Gaza (donde
Hamas tiene una presencia predominante y un amplio apoyo social), aunque también tuvieron
su reflejo en Cisjordania, donde el apoyo político y la presencia de las milicias de uno y otro
bando es más equilibrado. En febrero ambas partes alcanzaron en la Mecca un acuerdo para la
formación de un Gobierno de unidad, que se constituyó a mediados de marzo, aunque Israel y
EEUU persistieron en su bloqueo a cualquier Gobierno en el que estuviera presente Hamas, y
tuvieron lugar algunos actos esporádicos de violencia posteriores a la firma del acuerdo. Paralelamente, Israel continuó llevando a cabo su política de incursiones para capturar a los supuestos militantes de organizaciones palestinas y prosiguió la construcción de otras 3.000
nuevas viviendas en territorio palestino según la ONG israelí Peace Now, que destacó que los bloques de asentamientos se adentran cada vez más en territorio palestino. Por otra parte, la organización de derechos humanos israelíes B’Tselem destacó que las fuerzas de seguridad israelíes dieron muerte a 660 palestinos durante el 2006, la mayoría en Gaza, una cifra que supone el triple de muertes que las ocurridas el año anterior. De éstos, al menos 322 fueron población civil que no había participado en ningún acto hostil, y 141 eran menores. Al mismo tiempo, el número de ataques mortales a israelíes por parte de palestinos se había reducido, pasando de 50 en 2005 a 23 muertes en 2006. Por otra parte, en noviembre se contabilizaron 9.075 palestinos encarcelados en prisiones israelíes, 345 de los cuales eran menores. De estas personas, 738 se encuentran detenidos sin juicio y sin conocer los cargos que se les imputaban.
Para más información
http://www.pangea.org/unescopau/img/programas/alerta/barometro/barometro13.pdf
facilitase el acceso humanitario a la población afectada por la violencia armada y por otro lado,
a que se ponga fin a las operaciones militares de contrainsurgencia. Estas operaciones están teniendo lugar sobre todo en el este del país con graves consecuencias para la población civil. Los enfrentamientos armados han aumentado de intensidad fundamentalmente en el estado Karen, donde miles de personas se han visto obligadas a desplazarse en los últimos meses. En este estado, la dura ofensiva militar de las fuerzas armadas contra el grupo armado de oposición KNU podría haber llevado a cerca de 30.000 personas a tener que huir de sus hogares. Además, algunas ONG han denunciado que numerosas mujeres karen han sido víctimas de la violencia sexual perpetrada por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado. Por otra parte, en el mes de febrero tuvo lugar una escisión en el grupo armado KNU que dio lugar al KNU/KNLAPC.
En las provincias sureñas de Tailandia, de mayoría malaya y musulmana, la violencia se incrementó notablemente a pesar de que el Gobierno instaurado tras el golpe de Estado de
septiembre de 2006 declaró en más de una ocasión su intención de dialogar con los grupos
insurgentes y de adoptar algunas medidas de reconocimiento de los derechos de la minoría
musulmana en el sur del país. Así, según un informe publicado por un centro académico a finales de febrero, desde principios de 2004, casi 2.100 personas habrían muerto y otras 3.290
habrían resultado heridas como consecuencia de los más de 6.200 ataques perpetrados desde
entonces, entre los que cabe destacar una acción coordinada en la que estallaron más de una
veintena de artefactos explosivos de forma simultánea, provocando varios muertos y unos
cincuenta heridos y generando una gran conmoción en la opinión pública. Según el mencionado informe, en términos absolutos se producen más víctimas mortales entre la comunidad musulmana que entre la comunidad budista. Por otra parte, fue prorrogado por otros tres meses el decreto de emergencia en las tres provincias meridionales (Yala, Pattani y Narathiwat), uno de los principales y más controvertidos instrumentos de contrainsurgencia aprobado por vez primera bajo mandato del ex Primer Ministro T. Shinawatra.
Europa
En la república rusa de Chechenia, el conflicto estuvo marcado por el fin del proceso de amnistía a mediados de enero, al que se acogieron entre 400 y 500 rebeldes, y que fue considerado un éxito por las autoridades rusas y chechenas, mientras los líderes independentistas lo tildaron de propaganda. No obstante, continuaron registrándose diversos
enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y rebeldes chechenos a lo largo del trimestre, mientras R. Kadyrov, declaraba desde su cargo de Primer Ministro que todas las formaciones
armadas rebeldes habían sido destruidas. A mediados de febrero, se produjo un cambio
político de relevancia, con la dimisión del Presidente checheno, A. Alkhanov, y su sustitución por R. Kadyrov en una decisión aprobada por el Parlamento checheno a propuesta de V. Putin. Su nombramiento fue valorado de forma positiva por algunos líderes independentistas, mientras que ONG nacionales e internacionales le han vinculado con violaciones masivas de derechos humanos ejercidas por las fuerzas de seguridad a su cargo.
En ese sentido, el énfasis del nuevo Presidente en políticas de reconstrucción, descartando el
ámbito de la seguridad como cuestión prioritaria y defendiendo que Chechenia está en paz,
añadió incertidumbre a la situación de la población civil, que sufre los efectos del conflicto armado y la desprotección institucional. La impunidad de las fuerzas de seguridad y la práctica
del secuestro continuaron siendo elementos recurrentes en la república, según varias ONG.
También el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa criticó la práctica de la
tortura en Chechenia tras su visita a la república a finales de febrero.
Oriente Medio
La violencia de carácter sectario en Iraq durante el primer trimestre mantuvo los mismos niveles de gravedad experimentados durante el año 2006, conmemorándose en febrero el primer aniversario del atentado de Samarra que significó el inicio de los enfrentamientos de
carácter sectario. Sin embargo, la violencia que sufre el país tiene un carácter multifacético, ya
que este sectarismo se une a los enfrentamientos de los grupos insurgentes tanto shiíes como
sunníes (algunos de carácter baazista y pro sadamista) contra la presencia de las tropas ocupantes y también contra los nuevos cuerpos de seguridad iraquíes, así como los actos de
violencia vinculados a grupos sunníes dentro de la órbita de al-Qaeda y también a los servicios
secretos de diversos países que actúan en Iraq. Paralelamente, ha ido en aumento un tipo de
violencia de carácter criminal que practica secuestros y actos de delincuencia común cuya
proliferación pone de manifiesto el fracaso de las fuerzas de ocupación en su promesa de
garantizar la seguridad, la gobernabilidad y la restauración de las libertades en Iraq. Para
intentar hacer frente a toda esta compleja situación, el Primer Ministro, N. Al-Maliki anunció en
febrero un nuevo plan de seguridad en Bagdad conjunto entre las fuerzas estadounidenses e iraquíes. En este sentido, el Presidente, G.W Bush, también anunció a principios de año una nueva estrategia para Iraq que incluía un refuerzo de 21.500 militares (a pesar de las recomendaciones del Grupo de Estudios sobre Iraq), que se unirían a los 132.000 ya presentes en el país, además de medidas económicas y presiones políticas sobre el Gobierno de N. Al-Maliki. A finales de diciembre se produjo la ejecución del ex Presidente, S. Hussein, cuyas imágenes fueron difundidas provocando el recrudecimiento de la violencia. A principios de marzo se celebró, además, una conferencia internacional de paz que reunió en Bagdad a responsables de Siria, Irán y EEUU, para intentar abordar la situación desde una perspectiva regional, lo que puso de manifiesto la necesidad de EEUU de hacer frente a la situación desde un nuevo enfoque más plural.
En lo que respecta al conflicto armado entre Israel y Palestina, el trimestre se vio marcado por la violencia que enfrentó a las milicias de Hamas y Fatah y los intentos en paralelo de poner fin a esta situación y formar un Gobierno de unidad nacional para superar el bloqueo de la
comunidad internacional y especialmente de Israel y EEUU hacia el Gobierno de Hamas. Así,
se produjo una escalada de los enfrentamientos, principalmente en la franja de Gaza (donde
Hamas tiene una presencia predominante y un amplio apoyo social), aunque también tuvieron
su reflejo en Cisjordania, donde el apoyo político y la presencia de las milicias de uno y otro
bando es más equilibrado. En febrero ambas partes alcanzaron en la Mecca un acuerdo para la
formación de un Gobierno de unidad, que se constituyó a mediados de marzo, aunque Israel y
EEUU persistieron en su bloqueo a cualquier Gobierno en el que estuviera presente Hamas, y
tuvieron lugar algunos actos esporádicos de violencia posteriores a la firma del acuerdo. Paralelamente, Israel continuó llevando a cabo su política de incursiones para capturar a los supuestos militantes de organizaciones palestinas y prosiguió la construcción de otras 3.000
nuevas viviendas en territorio palestino según la ONG israelí Peace Now, que destacó que los bloques de asentamientos se adentran cada vez más en territorio palestino. Por otra parte, la organización de derechos humanos israelíes B’Tselem destacó que las fuerzas de seguridad israelíes dieron muerte a 660 palestinos durante el 2006, la mayoría en Gaza, una cifra que supone el triple de muertes que las ocurridas el año anterior. De éstos, al menos 322 fueron población civil que no había participado en ningún acto hostil, y 141 eran menores. Al mismo tiempo, el número de ataques mortales a israelíes por parte de palestinos se había reducido, pasando de 50 en 2005 a 23 muertes en 2006. Por otra parte, en noviembre se contabilizaron 9.075 palestinos encarcelados en prisiones israelíes, 345 de los cuales eran menores. De estas personas, 738 se encuentran detenidos sin juicio y sin conocer los cargos que se les imputaban.
Para más información
http://www.pangea.org/unescopau/img/programas/alerta/barometro/barometro13.pdf
El presente Informe ha sido elaborado por el equipo de la Unidad de Alerta de la Escola de Cultura de Pau, formado por: Maria Cañadas Francesch (derechos humanos), Albert Caramés Boada (desarme), Vicenç Fisas Armengol (procesos de paz), Patricia García Amado (crisis humanitarias), Marta Mendiola Gonzalo (derechos humanos), Maria Prandi Chevalier (derechos humanos), Gema Redondo de la Morena (rehabilitación posbélica), Josep Maria Royo Aspa (conflictos armados), Enero Sanz Pascual (desarme), Núria Tomàs Collantes (tensiones), Jordi Urgell Garcia (conflictos armados), Ana Villellas Ariño (conflictos armados) y María Villellas Ariño (género y construcción de paz).
