Divide y vencerás se dijo Mubarak al 8º día de manifestaciones

Muchísimas conclusiones se pueden sacar de las dos semanas que acaban de pasar en el mundo árabe, pero las consecuencias no podrán preverse y sólo las sabremos, algunas, en un mes, otras, las más importantes, en años.

La primera es la causa. En una mentalidad de causa efecto tendemos a buscar elementos de corto plazo que nos expliquen una situación compleja. Pero esto es imposible. Podemos hablar de la quema a lo bonzo de Don Mohamed Bohuazizi (don porque se ha ganado todos mis respetos), otros hablan del efecto twitter/ facebook y de la influencia de Al-Jazeera, pero todos estos no son más que catalizadores de factores de largo alcance que tenían que explotar. Si existe alguna causa principal, es la confianza absurda tanto de los regímenes árabes como europeos e internacionales, en que no existe una sociedad civil árabe capaz de contestar a su gobierno. En cierta medida parecía verdad, ya comenté en un post anterior como la población palestina ha sido la única que ha plantado cara en todos los países que se encontraba, y, justamente por esta condición, han sido expulsados, odiados y masacrados (septiembre negro y las matanzas de Sabra y Chatila) por sus “hermanos” árabes.

El poder del líder en el mundo árabe no es sólo militar y político, sino cultural, legítimo y sin discusiones. Así encontramos al rey Abdullah de Jordania, los Saud en Arabía Saudi, Mohamed VI en Marruecos... y los que no tenían una legitimidad real la han creado: Mubarak en Egipto, Gaddafi en Libia, Ben Ali en Túnez. Sus caras sonrientes recorren los países a modo de cartel de propiedad: “os recuerdo que todo esto que ves, es mío” y las criticas recorren el silencio o la cárcel. La red nepotista y corrupta que han creado estos líderes laicos se asemeja a la mafia y extiende su radio de influencia hasta lo más profundo de la nación.

La tercera causa, aparte de la confianza extrema en el sistema y el poder del líder, es que para legitimarse internacionalmente estos sistemas se haya envuelto de una especie de “democracia” pero completamente tergiversada por los factores anteriores: con elecciones (amañadas), partidos (familia/redes) e intereses estatales (nacionales, es decir, “si yo soy la nación, para mí y los míos”).

La cuarta, y principal, es una situación social insostenible. Siendo Egipto un país emblemático del desarrollo político y económico para el mundo árabe con Nasser, ha acabado con unos niveles de pobreza y corrupción tales que ha provocado que la gente salga a la calle sin importar por sus vidas.

Pasemos entonces a las tres primeras conclusiones después de una semana de revueltas:

Primera, el lider ha muerto. Puede que las manifestaciones en Egipto tengan éxito inmediato o no (debido a la respuesta violenta de ayer y hoy) pero desde la caída de Ben Ali el concepto del líder se ha desacralizado. Esta sacralización es la piedra angular del poder, como hemos comentado, y una vez rota no se puede volver a componer. Por ello, puede que Mubarak continúe un poco en el poder pero no podrá re-legitimarse. Y esto mismo es lo que asusta al resto de los dirigentes árabes excepto en aquellos donde el “soborno popular” es lo suficientemente poderoso para calmar a sus ciudadanos: Arabia Saudí, Libia y Emiratos Árabes Unidos.

Esta revolución popular me resulta más parecida a las de 1830-1848 que a la de 1989. No por la antigüedad, no quiero caer en el comentario naïf de ver los regímenes árabes como medievales sino por su componente conceptual. Mientras que la de 1989 fue una caída escalonada de un sistema, estas son deslegitimadoras del poder y un escalón de libertad social que no podrá volverse atrás a pesar de que ciertos países tuvieran su “Restauración”, estas revoluciones árabes son las semillas del futuro.

Segunda conclusión, los mal-llamados partidos islamistas están sabiendo jugar sus cartas. Lo que nos lleva a otra subconclusión: el análisis que hacían de la situación política era errónea (por no incluir que intencionadamente) y tergiversada. Los Hermanos Musulmanes de Egipto, Hizzbollah en Líbano y En Nahda en Túnez han decidido que es mejor ser un partido influyente que un partido en el poder. Esto implica dos cambios importantes. Primero que han dejado de ser “totalitarios” en el sentido de querer adentrarse en todas las parcelas del poder público y privado como otros partidos y regímenes sí hacen; y segundo, que están mirando más a la evolución de Turquía que a Irán como ejemplos de estrategia política. Mencionados partidos tendrán que tender a ser poco a poco desdemonizados, pero lo más importante, es que deslegitima la “lucha contra el terrorismo” interna que han legitimado a estos regímenes dictatoriales ante cierta comunidad internacional.

Tercera conclusión, los árabes se han dado cuenta de que el pueblo debe tener y tiene el poder. Los regímenes dictatoriales, al revestirse de “democracia” como ya comentamos, no puede utilizar la fuerza bruta para contrarrestar esta ola de protestas. Por ello, Mubarak se dijo al 8º día de manifestaciones: divide y vencerás. Para contrarrestar las protestas populares necesito al “pueblo”, y está utilizando a sus “redes” y fuerzas de seguridad de paisano para contraatacar a los manifestantes de la Plaza Liberación. Pero al caerse el muro del líder y debido al nivel de desesperación los manifestantes no van a dar marcha atrás con lo que sólo un cambio drástico puede acabar con la tendencia de una suerte de guerra popular que acabe momentáneamente con las protestas pero no con las reivindicaciones.

De ahí que concluyamos que sea más parecida a la revolución de 1830, porque aunque sea dentro de 18 años, todo esto volverá a aparecer. Si a esto le unimos las consecuencias geopolíticas que tendrá una vez se estabilicen los nuevos o viejos gobiernos, se hace más evidente que de aquí a diez años el malconocido como Oriente Próximo no será el mismo. Recordemos las alianzas geopolíticas de finales del s.XIX tras los nuevos Estados y tensiones. Todo ello aderezado con un Israel revisando su agenda de contactos y una guerra de contención contra Irán.

Artículos para tener una mejor opinión que la que doy yo:

Crisis Group: http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/2011/crisiswatch-90.aspx

Especial de El País http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe/

SLATE "We Are Making Our Future" A dispatch from the massive protest in Cairo's Tahrir Square.

By Sarah A. Topol http://www.slate.com/id/2283409/

Thomas Friedman sobre las reacciones con Israelhttp://www.nytimes.com/2011/02/02/opinion/02friedman.html?_r=2&adxnnl=1&adxnnlx=1296674038-mUfHHx51kCs0h8wx+fk4tQ

Slavoj Zizek sobre el cinismo de las potencias occidentales y demás http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/feb/01/egypt-tunisia-revolt

Para todo lo demás: The Guardian y Al-Jazzera

The myopic approach to the occupied territories04

By Ruth Hanau Santini EUOBSERVER / COMMENT -

The deteriorating and explosive situation in the occupied territories requires a long-term, strategic multilateral approach, as opposed to merely tactical devices aimed at divide and rule between a Fatah-controlled (for now) civilised West Bank, and a Hamastan, on its way to becoming or being perceived as a rogue territory, outside international control.

Some soul-searching on Europe's side is an indispensable precondition to devise sustainable and consistent strategies. Firstly, the legitimacy and efficacy of the Quartet was put to a serious test not just by events on the ground, but by internal criticism such as that voiced by former UN Middle East envoy Alvaro De Soto. One way to bridge the credibility gap would consist of enlarging the diplomatic team, working more closely with Egypt, Jordan and Saudi Arabia. Not only are these Arab states legitimate stakeholders in the region's stability, but they have shown a willingness to play a more active role in conflict resolution: last February Saudi Arabia compelled Fatah and Hamas to strike a deal to create a national unity government, while last week the three countries participated in a conference with Mr Abbas and Israeli PM Olmert. This could provide a sense of ownership among Arab populations in the stakes involved in this crisis' resolution. By no means, however, this should be seen as a form of Western disengagement, with Arab countries taking off some of the burden from the US and Israel, as some commentators in Washington wish for.Rethinking the basic tenetsIn terms of roles played by the main international players, the EU needs to re-focus the correspondence between its stated interests in the Middle East and the policies it has adopted since 2006, when the Quartet started losing its legitimacy as honest broker in the conflict. If European countries want to be seen at least as intelligent payers, they must rethink the basic tenets characterizing their relations with Hamas. The grass-roots nature of this political movement has to be acknowledged, together with the recognition that in recent years Hamas has shown restraint and pragmatism. On the one hand, since the 2005 Cairo declaration, namely, the movement has avoided suicide terrorist attacks against Israel. On the other, it has participated in municipal and national elections and asked Fatah, which declined in the hope that the boycotted Hamas-led government would collapse, to establish a national unity government after the electoral victory in January 2006. By talking to Hamas, the EU would overcome the current impasse whereby one of its missions, EUBAM Rafah, is unable to operate without a Palestinian unity government - given that Gaza is under the direct control of Hamas -, while the other, EUPOL COPPS in Ramallah, can operate only in the absence of such a government as the area falls under the control of internationally-recognized Fatah-led emergency government.Secondly, the EU should come up with clear-cut aims, differentiating the time horizon for their pursuit. By so doing, Brussels would be in a position to advance a comprehensive strategic vision to the international community. The different political objectives should combine in the short-term political stabilization and humanitarian relief, both in the West Bank and Gaza, institution-building and good governance-inspired reforms in the medium-term, as the EU did with some success between 2001 and 2005, and democracy promotion as a long-term objective. In terms of the first objective, since Hamas' electoral victory and the ensuing adoption of economic sanctions, the EU has, quite paradoxically, increased by a third its humanitarian aid (totalling EUR 700 million in 2006) at the expense of development aid. While this has avoided a major humanitarian catastrophe, with the Temporary International Mechanism keeping one-third of Gazans afloat, the same policy has had perverse effects. Being unable to deliver public goods and having to rely on international assistance for basic services, the legitimacy and accountability of the Palestinian Authority (PA) has reached an all-time low, with 40% of Palestinians declaring themselves in favour of dismantling the PA, and thesame proportion supporting the establishment of a confederation with Jordan.The traditional EU focus on institution-building has since 2006 been marginalized, with even the most evident European presence there, the borders' control mission EUBAM Rafah and the police training mission EUPOL COPPS, having become almost irrelevant due to frequent Israeli security concerns which allowed EUBAM to operate only for 40% of the time.Long-term commitmentEU-pushed measures aimed at improving governance in the PA, by tying financial assistance to reforms in the judicial, fiscal, executive and administrative domains, which were bearing fruit, came to a grinding halt last year.Hence, the EU should first reformulate its views and priorities within the Quartet, using the current impasse in the territories as a window of opportunity for agreeing a different agenda with the US for the way forward. The main issues the EU should press ahead for are an engagement strategy with moderate Hamas members, pressures on Israel to deliver some of the basic commitments it has assumed under the Quartet-established conditions - increasing the freedom of movement, giving back all Palestinian tax revenues and committing itself to a calendar for concrete progress in negotiations. In a second stage, Brussels could reformulate a comprehensive strategy comprising relief efforts, institution-building tasks as well as the promotion of good governance. It is time for European countries to voice not just their concern, but their commitment to be major players with a long-term vision in mind for the Middle East. Given the poor credibility and all-time low success rate of our transatlantic partner in the region, conditions are propitious to subordinate our alliance concerns in order to realise our ambition to act as a responsible and capable player.

The writer is visiting fellow at the Centre for European Policy Studies

Extracto sobre la evolución de los conflictos armados, realizado por la Escola de Cultura de Pau

África

a) África Occidental

En Côte d’Ivoire a principios de marzo se alcanzó un nuevo acuerdo de paz entre el Presidente, L. Gbagbo, y el líder de la coalición opositora Forces Nouvelles (FN), G. Soro, que puede desbloquear los diversos contenciosos que han impedido hasta la fecha el avance del proceso de paz. El acuerdo estipula la creación de un nuevo Gobierno de transición (sin dejar claro el futuro papel del actual Primer Ministro, C.K. Banny), un mando militar conjunto entre las FFAA y las FN, un calendario para los procesos de desarme, de registro de votantes y de celebración de elecciones, y la desaparición paulatina de la zona de seguridad que separa norte y sur controlada por la UNOCI y la fuerza de apoyo francesa LICORNE. Además, se comprometieron a establecer una nueva ley de amnistía que excluya los crímenes de guerra y contra la humanidad. El acuerdo contó con un amplio apoyo de movimientos políticos y sociales del país. Sin embargo, la situación continuó siendo muy frágil, tal y como destacó el Representante Especial del Secretario General de la ONU, P. Schori (que dejó su cargo en febrero), quien alertó de que el país se encontraba al borde del desastre debido a la falta de voluntad de la clase política para poner fin a la crisis de los últimos cuatro años, y de que continuaba degradándose la situación de seguridad, humanitaria, económica y social.

En el Delta del Níger, en Nigeria, persistieron los ataques contra el sector petrolífero en paralelo a la escalada de la violencia en todo el país, y en particular en la región del Delta,
como consecuencia de la proximidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales,
que tendrán lugar el próximo 21 de abril. Aumentaron los ataques contra las comisarías de
policía, además de los ataques y secuestros de personal de las plataformas petroleras por
parte de los grupos armados, principalmente el MEND. En este sentido, el número de
secuestros cometidos sólo durante enero en el Delta casi igualó a los cometidos durante todo
el año 2006, hecho que en parte responde a la proximidad de los procesos electorales como
forma de financiación de las actividades electorales, según diversos analistas. En paralelo, se
produjeron numerosos enfrentamientos intercomunitarios en diversos estados del Delta,
algunos de ellos vinculados a la proximidad de la cita electoral.

b) Cuerno de África
La situación en Somalia se deterioró gravemente tras la confrontación a finales de diciembre
entre el Gobierno Federal de Transición (GFT), apoyado por las FFAA etíopes, contra las milicias de los tribunales islámicos, que comportó la rápida derrota de estos últimos. Estos hechos dieron paso a una nueva situación de violencia e inseguridad, principalmente en Mogadishu, donde se produjeron ataques continuos contra las fuerzas gubernamentales somalíes, las autoridades políticas y las FFAA etíopes por parte de milicias y grupos opuestos
a la presencia de las tropas extranjeras y contrarios al GFT, lo que provocó el desplazamiento
forzado de unas 20.000 personas. La aprobación en febrero por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 1.744 con la que se dio luz verde al despliegue de la fuerza de paz de la UA (AMISOM) abrió el camino al despliegue de las tropas ugandesas de la AMISOM, a las que se unirán los contingentes de Nigeria, Burundi y Ghana. Sin embargo, los compromisos adquiridos sólo alcanzaron la mitad de los 8.500 militares previstos para poder llevar a cabo su cometido: protección de las instituciones federales de transición, formación y entrenamiento de los cuerpos de seguridad, protección de la asistencia humanitaria a la población civil, promoción del diálogo, la reconciliación y el apoyo a la seguridad y estabilidad del país. En paralelo, el Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, anunció, bajo la presión internacional, la celebración de una conferencia de reconciliación a partir del 16 de abril, ya que la situación continuará deteriorándose a menos que se consiga promover un proceso de reconciliación real que configure un gobierno de unidad nacional que incluya a líderes de las comunidades que apoyaban a los tribunales, para que se sientan partícipes del proceso político y apoyen la labor de la misión africana en el país. En este sentido, el despliegue se ha iniciado en medio de ataques contra las tropas ugandesas, vistas como aliadas del GFT y de las tropas etíopes.
Por lo que respecta a la región de Darfur, en Sudán, durante el primer trimestre del año no se
produjeron avances en el establecimiento de la misión híbrida ONU/UA más allá de la fase primera (programa de asistencia policial) de las tres fases acordadas entre la UA, Naciones
Unidas y el Gobierno sudanés debido al bloqueo de Jartum que siguió contando con el beneplácito de China.. Así, en las Conclusiones de Addis Abeba y el Comunicado de Abuja del
pasado noviembre, la fase tercera significaría la ampliación de la misión de los 7.000 militares
actuales a los 20.000 propuestos por el Consejo de Seguridad de la ONU. Como consecuencia,
continuó agravándose la situación de violencia y de desastre humanitario (alrededor de 300.000 muertos desde que se inició en 2003, dos millones y medio de personas desplazadas, 230.000 refugiadas en Chad, más de cuatro millones de personas dependientes de la asistencia humanitaria). Naciones Unidas alertó de la posibilidad de que las operaciones humanitarias pudieran colapsarse ante el constante aumento de la violencia. Además, fracasaron las iniciativas diplomáticas de Naciones Unidas y la UA por un lado y de Libia y Eritrea por otro. Cabe destacar, no obstante, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional nombró a los dos primeros sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en Darfur entre los años 2003 y 2004, el actual Ministro de Asuntos Humanitarios, A. Haroun, que en el periodo en cuestión ocupaba el cargo de Ministro del Interior, y A. M. Ali Abd-al Rahman, también conocido como Ali Kushayb, supuesto líder de milicias Janjaweed y coronel de las FFAA en la localidad de Wadi Salih (Darfur Occidental). Ambos encausados habrían trabajado de manera conjunta en la región, financiando y dirigiendo las actividades de las Janjaweed.

c) Grandes Lagos y África Central
La situación en RD Congo se caracterizó por la persistencia de la inestabilidad política y de la violencia en el este del país. Cabe destacar el nombramiento a finales de año del nuevo Primer Ministro, A. Gizenga, líder del partido PALU, quien culminó la configuración del nuevo Gobierno postransición en febrero (en el que no ha integrado a ningún representante de la oposición política ni de los antiguos grupos armados) en paralelo a un clima de violencia como consecuencia de la represión de las manifestaciones de protesta. Alrededor de 100 personas murieron en la provincia de Bas-Congo a raíz de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y los miembros de la secta religiosa Bundu Dia Kongo cuyos candidatos, aliados del partido UN de J.P. Bemba, fueron derrotados en las elecciones a gobernador, lo que provocó acusaciones de fraude, compra de cargos electos y corrupción. Además, a finales del trimestre se desencadenaron enfrentamientos entre la guardia de seguridad de J.P. Bemba y las FFAA congolesas en torno a la cuestión del desarme y reducción de la milicia encargada de la seguridad del líder opositor. Por otra parte, continuó el clima de inseguridad y violencia en la región este del país, principalmente en las provincias de Kivu norte y sur y en el distrito de Ituri (Orientale), donde persistió el reclutamiento de menores soldado. Así, se produjeron duros enfrentamientos entre el grupo armado de oposición rwandés FDLR y las FFAA congolesas tras el despliegue de un batallón integrado en la provincia de Kivu norte. Sin embargo, las tropas del general renegado L. Nkunda iniciaron su integración en las FFAA unificadas tras los compromisos adquiridos con el Gobierno congolés con la facilitación de Rwanda. Además, el grupo FNI de P. Karim de Ituri inició el proceso de DDR a finales de febrero tras diversas violaciones del alto el fuego declarado en noviembre y enfrentamientos con las FFAA, los más recientes en enero, que provocaron el desplazamiento forzado de miles de personas.

RD Congo: ¿viejas caras, viejas costumbres?
El esperado anuncio del Primer Ministro A. Gizenga de la composición del nuevo Gabinete de Gobierno tras más de un mes de conversaciones desde que el 30 de diciembre de 2006 ocupara su cargo tuvo lugar a principios de febrero. Numerosos políticos y medios de comunicación lamentaron que, a pesar de los anuncios de A. Gizenga de que el nuevo Gabinete se caracterizaría por su inclusividad, su honestidad y por la ruptura con el pasado de corrupción y participación en la expoliación de los recursos naturales del país, los aliados del Presidente, J. Kabila, tienen un importante peso, ya que a excepción de A. Gizenga y N. Mobutu (hijo del antiguo Presidente, M. Sese Seko), no hay más representantes de la parte occidental del país, donde el principal partido de la oposición tiene un apoyo mayoritario. En este sentido, no hay
representantes de los antiguos grupos armados MLC (actual UN de J. P. Bemba) ni del RCD (A.
Ruberwa). El Gobierno está compuesto por un equipo de seis Ministros de Estado y un amplio gabinete de 34 Ministros y 20 Viceministros, entre los cuales sólo aparecen nueve mujeres. Se constata que las principales carteras estarán en manos de hombres próximos al Presidente como el Ministro de Interior, D. Kalume (que mantiene su cargo) o en manos de sus aliados, que aparecen en algunos informes de Naciones Unidas sobre la expoliación de los recursos naturales.

R. Centroafricana siguió atravesando una grave crisis de seguridad y humanitaria durante el
trimestre. Persistieron los enfrentamientos en el norte del país entre las FFAA y el grupo insurgente APRD del antiguo miembro de las FFAA, B. N’Djadder, y también continuó presente
el clima de inseguridad en la zona oeste fronteriza con Camerún. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre el líder de la coalición de grupos UFDR, A. Miskine, y el Presidente, F. Bozizé, en Libia con la facilitación de M. Ghadaffi abrió perspectivas positivas de cara a resolver las múltiples violencias que azotan el país y de cara a facilitar el despliegue de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU que garantice la seguridad de sus volátiles fronteras con Chad y Sudán. No obstante, a finales del trimestre el UFDR continuó llevando a cabo operaciones militares en el noreste del país como los ataques a la ciudad de Birao y su aeropuerto, que fueron respondidas por las FFAA centroafricanas con el apoyo logístico y militar francés, que entró en combate contra la UFDR tras sufrir un ataque por parte de la coalición insurgente.
Durante el primer trimestre de 2007 continuó agravándose la situación en el este del Chad. El
propio Secretario General de la ONU destacó en su último informe que la zona estuvo enfrentando una crisis humanitaria y de seguridad multifacética. Amnistía Internacional
describió la impunidad con la que actúan las milicias Janjaweed sudanesas junto con aliados
del Chad, y los asesinatos, saqueos, destrucción de aldeas y violaciones y señaló que la situación de la población civil se deterioró aún más debido al conflicto entre comunidades étnicas y los ataques de los rebeldes chadianos. En el este del Chad existen 232.000 sudaneses refugiados y 120.000 chadianos desplazados internos. Ante esta situación, el Consejo de Seguridad de la ONU se mostró favorable al establecimiento de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU formada por entre 6.000 y 11.000 soldados. Esta misión debería ocuparse de la protección de la población desplazada y refugiada en Chad y R. Centroafricana y garantizar la seguridad en las fronteras de ambos países para frenar la expansión de la violencia procedente de Darfur ante la imposibilidad de ampliar la presencia y el mandato de los cascos azules en la región sudanesa. Sin embargo, N’Djamena rechazó esta presencia militar y dio su beneplácito a un despliegue menor, de carácter civil compuesto de gendarmes y policías. En el plano diplomático, el Presidente chadiano y el líder del FUC alcanzaron un acuerdo de paz en Trípoli.6 Sin embargo, el resto de grupos y escisiones del FUC rechazaron el acuerdo. Por último, Chad, R. Centroafricana y Sudán
reiteraron en Cannes su compromiso a no apoyar a los respectivos grupos insurgentes, como
ya habían acordado en ocasiones anteriores.

¿Se está gestando un genocidio en Chad?
A mediados de febrero ACNUR alertó de que la situación de violencia que atraviesa el este del Chad tiene numerosos paralelismos con el genocidio en Rwanda de 1994. En este sentido, la organización remarcó que las tácticas de guerrillas utilizadas en Darfur (Sudán) se habían replicado en el este del Chad. En consecuencia, representantes de la organización humanitaria destacaron que se debían aprovechar las últimas oportunidades para evitar que una tragedia como la de Rwanda hace ya más de una década pudiera volver a repetirse. La violencia de carácter multidimensional que tiene lugar en la actualidad en el este del Chad incluye los enfrentamientos entre el Gobierno chadiano y los grupos rebeldes con base en Sudán, los ataques transfronterizos a la población civil por parte de las milicias sudanesas, la presencia de grupos armados de oposición sudaneses en territorio chadiano, violencia étnica, desplazamiento interno, tensiones intercomunales y criminalidad.

Las frágiles conversaciones de paz entre el Gobierno de Uganda y el grupo armado de oposición LRA para poner fin al conflicto armado que padece el norte del país permanecieron interrumpidas desde enero como consecuencia de la exigencia del LRA de que fuera sustituido
el equipo mediador y la sede de las negociaciones. Hasta su interrupción, el proceso había
transcurrido en Juba bajo la responsabilidad del Vicepresidente de Sudán del Sur, R. Machar, y
para intentar poner fin al bloqueo se desató una serie de iniciativas locales e internacionales. Esta situación, unida a la expiración del cese de hostilidades el 28 de febrero (tras más de seis meses), provocaron que ambas partes amenazaran con reanudar las operaciones militares si resultaban atacadas, aunque mantuvieron el cese de hostilidades más allá de la fecha límite y se comprometieron a reanudar las conversaciones a mediados de abril. En el plano militar, aunque se produjeron violaciones esporádicas del cese de hostilidades, ambas partes respetaron en general el acuerdo lo que redundó en una mejora de la seguridad en el norte de Uganda permitiendo el retorno a sus lugares de origen a entre 230.000 y 350.000 personas durante 2006 de los 1,7 millones de desplazados internos, aunque la incertidumbre en torno al proceso de paz y la inseguridad en la región redujeron las expectativas iniciales del Gobierno.

d) Magreb y Norte de África

En Argelia, la proclamación el pasado 11 de septiembre de la alianza del GSPC con al-Qaeda,
que desde entonces se denomina la Organización de al-Qaeda en el Magreb, vino acompañada de un incremento de la violencia. Esta situación persistió durante el primer trimestre de 2007 y fue adquiriendo una perspectiva regional debido a la progresiva presencia de miembros del GSPC en otros países del Magreb (Mauritania, Túnez) llevando a cabo tareas de entrenamiento y reclutamiento de nuevos miembros. Así, se produjo en febrero y marzo una oleada de atentados y explosiones de coches-bomba en la Cabilia y las inmediaciones de Argel. En el último año se calcula que murieron 400 personas en el país (comparado con 480 en 2005), 63 de las cuales en el último trimestre del año (27 de ellos eran soldados y gendarmes). Además, un comunicado del líder del GSPC, A. Mussaab Abdelwadud, aseguró que un buen número de los 2.629 amnistiados en el marco de la reconciliación propugnada por el Presidente A. Bouteflika, se estaban uniendo a sus filas e hizo un llamamiento a atacar objetivos gubernamentales y extranjeros. En paralelo, continuaron las operaciones de contrainsurgencia por parte de las FFAA en diversas partes del país, e incluso en Argel.

América

El trimestre en Colombia se caracterizó por los escándalos relacionados con la "parapolítica",
consistente en la infiltración de las estructuras paramilitares en diferentes partidos políticos e instituciones del Estado. Nueve congresistas, un ex Ministro, y el anterior director de los servicios de inteligencia ingresaron en prisión, y la Ministra de Exteriores se vio forzada a dimitir. En paralelo, el Alto Consejero para la Reintegración anunció que no se tenía noticia
del paradero de cerca de 5.000 paramilitares desmovilizados, y la OEA reiteró las alertas sobre
el rearme y la conformación de nuevos grupos ilegales. El presupuesto nacional de defensa se
mantuvo sobre el 5% del PIB, e incluyó la adquisición de nuevos aviones y helicópteros, así
como el incremento de las acciones militares. Sin embargo, se generó un clima de incertidumbre en torno a la continuidad del apoyo militar norteamericano, ante las críticas del Partido Demócrata por la falta de resultados del Plan Colombia. En cuanto a las guerrillas, prosiguieron los enfrentamientos armados entre el ELN y las FARC en Arauca y Nariño, que incluso valieron una condena de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país por los homicidios de personas protegidas y los desplazamientos forzados contra la población civil. Las FARC realizaron su IX Conferencia, sin que de momento se conocieran los resultados de la misma; sus milicias urbanas en Cali y en el puerto de Buenaventura sufrieron diversas pérdidas y derrotas militares. La actividad militar del ELN se mantuvo bajo mínimos mientras se define el posible inicio de conversaciones formales con el Gobierno.

Asia y Pacífico

a) Asia Meridional

La situación en Afganistán continuó caracterizándose por una escalada de la violencia y de los ataques por parte de las milicias talibán y de las operaciones de las FFAA afganas y las tropas estadounidenses contra estas milicias, así como por un incremento de los atentados suicidas. Además, también se incrementaron los ataques transfronterizos de las milicias talibán procedentes de Pakistán. El Reino Unido amplió en 1.400 soldados su participación en la misión de la OTAN en el país (ISAF) a petición de la propia organización, aunque el resto de países se mostraron reticentes a aumentar su presencia en el país. En este sentido la OTAN inició una ofensiva a gran escala contra las milicias talibán en el sur, en la provincia de Helmand. Por otra parte, la Wolesi Jirga o Cámara Baja del Parlamento aprobó una ley por la que se instaba a los integrantes de los grupos armados y milicias que han combatido en el país en las últimas décadas a unirse a un proceso de paz y de reconciliación y también promovía una amplia amnistía. Ante esta decisión, una agrupación de 58 organizaciones de la sociedad civil y pro derechos humanos, iniciaron una campaña contra dicha ley, con la que se garantizaría la inmunidad por todos los crímenes de guerra cometidos.
En India se analiza la situación de dos contextos de violencia. Con relación al estado de Jammu y Cachemira, durante el primer trimestre de 2007 se constataron algunos enfrentamientos esporádicos entre las FFAA y los grupos independentistas cachemires, aunque en enero la principal coalición de partidos independentistas de Jammu y Cachemira, APHC, solicitó el abandono de la lucha armada y en febrero instó a los grupos armados a declarar un alto el fuego temporal que podría ayudar en la resolución del conflicto. Ambos países continuaron con las conversaciones de paz a pesar del atentado dirigido a boicotear el proceso de paz que se produjo en el tren que une las ciudades de Lahore y Delhi causando la muerte de 68 personas. De resultas de este conflicto, entre 40.000 y 60.000 personas han muerto desde 1989 en la región. Por otra parte, en el estado de Assam, diversos grupos armados mantienen una disputa con las autoridades indias desde hace décadas en reivindicación de la independencia y la defensa de los derechos de las comunidades locales. Durante el trimestre se produjeron diversos ataques por parte del grupo armado de oposición ULFA contra población hindi en mercados y oleoductos, causando la muerte de decenas de personas. Sin embargo, el ULFA retiró su amenaza de boicotear un campeonato nacional, y el primer ministro de Assam renovó su oferta de paz al ULFA.

En cuanto a la situación de Sri Lanka, la reanudación del conflicto armado de manera abierta a partir del tercer trimestre del 2006 tuvo como consecuencia una escalada de la violencia y de las operaciones militares entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE, que ya han causado desde abril de 2006 el desplazamiento forzado de más de 200.000 personas. La presión militar de las fuerzas de seguridad cingalesas llevó al grupo armado a retirarse de la mayoría de las ciudades sobre las que tuvo el control durante la última década (incluido su principal feudo, Vakarai) y trasladar sus campamentos a la selva. En los últimos 15 meses han muerto 4.000 personas en el país a raíz de los actos de violencia esporádicos previos a la ruptura del alto el fuego y el posterior incremento de la violencia. Además, se constató un aumento de los secuestros coincidiendo con la ruptura del alto el fuego. No obstante, Noruega persistió en sus intentos de resucitar el proceso de paz.

b) Sudeste asiático y Oceanía
En Filipinas se registró un incremento de la violencia en los tres escenarios en conflicto. Respecto del grupo armado de oposición NPA, el Gobierno prosiguió con la ofensiva militar de
alta intensidad iniciada en el mes de junio, que tiene como objetivo principal la derrota definitiva
de la organización comunista en tres años. A pesar de que los enfrentamientos entre ambas partes provocaron decenas de muertes y heridos durante el trimestre, a principios de febrero el
Gobierno anunció la rendición, tras una serie de negociaciones, de 165 miembros del NPA y la
entrega de unas 80 armas en la provincia de Bukindon. El Gobierno también intensificó las
operaciones de contrainsurgencia contra el grupo armado de oposición Abu Sayyaf en el archipiélago de Sulu. En enero, el Gobierno anunció que el líder de la organización, K. Janjalani, había fallecido en combate en el mes de septiembre y que su muerte había sido confirmada a través de pruebas de ADN practicadas en EEUU. K. Janjalani era hermano del líder y fundador de Abu Sayyaf, también muerto en combate en 1998, y una de las personas más buscadas por los Gobiernos de Filipinas y EEUU. En cuanto al grupo armado de oposición MILF, durante el trimestre se registró uno de los peores rebrotes de violencia desde que se firmara el acuerdo de cese de hostilidades en 2003, que estuvo a punto de suponer la ruptura de las negociaciones de paz. Las hostilidades fueron incrementándose durante los tres primeros meses del año hasta culminar en los enfrentamientos de principios de marzo, que provocaron el desplazamiento de miles de personas en la provincia de Cotobato Norte y la muerte de una veintena de combatientes de ambas partes. Sin embargo, a mediados de marzo el Gobierno hizo una propuesta novedosa y bien recibida por el MILF en el marco de las negociaciones de paz y ordenó la retirada de sus tropas de algunas de las zonas en combate, lo que generó una reducción sustancial de la violencia.

MNLF: una década en paz y en armas
El MNLF se erigió desde principios de los años 70 en la vanguardia revolucionaria y en el principal referente ideológico de las distintas comunidades étnicas musulmanas de Mindanao, aunándolas bajo el concepto de pueblo Moro y creando una identidad común a partir del Islam, de experiencias históricas compartidas en el marco de los sultanatos de Sulu y Maguindanao y de resistencia contra los sucesivos intentos de colonización y aculturación por parte de españoles, estadounidenses y, ya desde la segunda mitad del siglo XX, filipinos. La encarnizada lucha del MNLF contra la dictadura de F. Marcos, así como la defensa de los derechos colectivos y de la autodeterminación del pueblo Bansamoro, hicieron del MNLF una de las principales y más grandes insurgencias del continente asiático y le valieron a su carismático líder, N. Misuari, el reconocimiento de la comunidad internacional.
Tras más de 20 años de negociaciones, en 1996 se firmó un acuerdo de paz bajo los auspicios de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), que preveía, a cambio de la renuncia del MNLF a la independencia, el establecimiento de una Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM), de la que N. Misuari fue su primer gobernador. En los años siguientes, sin embargo, tanto la inexperiencia e incompetencia de algunos de los nuevos cuadros dirigentes como la voluntad explícita del Gobierno filipino de no implementar plenamente algunas de las previsiones del acuerdo de paz provocaron un deterioro de la confianza entre las partes y una creciente frustración con el rendimiento de la autonomía en Mindanao. Todo ello culminó con una alianza contranatura entre Manila y algunos de los principales líderes del MNLF para desbancar a N. Misuari de su puesto de gobernador de la RAMM y máximo dirigente del MNLF. Finalmente, a finales de 2001, centenares de miembros del MNLF se rebelaron contra el Gobierno y N. Misuari fue apresado bajo cargos de corrupción y rebelión. Desde entonces, varias facciones del MNLF se han mantenido activas, especialmente en el archipiélago de Sulu, y se han registrado enfrentamientos periódicos con las FFAA. En primer lugar, porque la ofensiva militar contra Abu Sayyaf en la misma región inevitablemente ha generado malentendidos, encuentros no previstos y la voluntad de algunos sectores del oficialismo de vincular a ambos grupos. En segundo lugar, porque el MNLF exige la liberación de su líder histórico y la plena implementación del acuerdo de paz de 1996. Ambas reivindicaciones han sido secundadas por la OCI, que planteó un encuentro tripartito en Yeddah (Arabia Saudita) para abordar estas y otras cuestiones no previstas en el acuerdo de 1996, como el desarme del MNLF. Desde mediados de 2006 Manila fue postergando dicho encuentro por razones varias hasta que, en este último trimestre, uno de los principales comandantes del MNLF sobre el terreno retuvo durante algunos días en un campamento militar al equipo gubernamental encargado de negociar la revisión del acuerdo de paz. Finalmente, también por la acción diplomática de la OCI y la presión social de algunas organizaciones en Mindanao, parece que tal encuentro se realizará el próximo mes de julio y que N. Misuari podrá asistir a la cita.

En Myanmar el trimestre vino marcado por los reiterados llamamientos de la comunidad internacional y diferentes organizaciones humanitarias al Gobierno, para que, por una parte,
facilitase el acceso humanitario a la población afectada por la violencia armada y por otro lado,
a que se ponga fin a las operaciones militares de contrainsurgencia. Estas operaciones están teniendo lugar sobre todo en el este del país con graves consecuencias para la población civil. Los enfrentamientos armados han aumentado de intensidad fundamentalmente en el estado Karen, donde miles de personas se han visto obligadas a desplazarse en los últimos meses. En este estado, la dura ofensiva militar de las fuerzas armadas contra el grupo armado de oposición KNU podría haber llevado a cerca de 30.000 personas a tener que huir de sus hogares. Además, algunas ONG han denunciado que numerosas mujeres karen han sido víctimas de la violencia sexual perpetrada por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado. Por otra parte, en el mes de febrero tuvo lugar una escisión en el grupo armado KNU que dio lugar al KNU/KNLAPC.
En las provincias sureñas de Tailandia, de mayoría malaya y musulmana, la violencia se incrementó notablemente a pesar de que el Gobierno instaurado tras el golpe de Estado de
septiembre de 2006 declaró en más de una ocasión su intención de dialogar con los grupos
insurgentes y de adoptar algunas medidas de reconocimiento de los derechos de la minoría
musulmana en el sur del país. Así, según un informe publicado por un centro académico a finales de febrero, desde principios de 2004, casi 2.100 personas habrían muerto y otras 3.290
habrían resultado heridas como consecuencia de los más de 6.200 ataques perpetrados desde
entonces, entre los que cabe destacar una acción coordinada en la que estallaron más de una
veintena de artefactos explosivos de forma simultánea, provocando varios muertos y unos
cincuenta heridos y generando una gran conmoción en la opinión pública. Según el mencionado informe, en términos absolutos se producen más víctimas mortales entre la comunidad musulmana que entre la comunidad budista. Por otra parte, fue prorrogado por otros tres meses el decreto de emergencia en las tres provincias meridionales (Yala, Pattani y Narathiwat), uno de los principales y más controvertidos instrumentos de contrainsurgencia aprobado por vez primera bajo mandato del ex Primer Ministro T. Shinawatra.

Europa
En la república rusa de Chechenia, el conflicto estuvo marcado por el fin del proceso de amnistía a mediados de enero, al que se acogieron entre 400 y 500 rebeldes, y que fue considerado un éxito por las autoridades rusas y chechenas, mientras los líderes independentistas lo tildaron de propaganda. No obstante, continuaron registrándose diversos
enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y rebeldes chechenos a lo largo del trimestre, mientras R. Kadyrov, declaraba desde su cargo de Primer Ministro que todas las formaciones
armadas rebeldes habían sido destruidas. A mediados de febrero, se produjo un cambio
político de relevancia, con la dimisión del Presidente checheno, A. Alkhanov, y su sustitución por R. Kadyrov en una decisión aprobada por el Parlamento checheno a propuesta de V. Putin. Su nombramiento fue valorado de forma positiva por algunos líderes independentistas, mientras que ONG nacionales e internacionales le han vinculado con violaciones masivas de derechos humanos ejercidas por las fuerzas de seguridad a su cargo.
En ese sentido, el énfasis del nuevo Presidente en políticas de reconstrucción, descartando el
ámbito de la seguridad como cuestión prioritaria y defendiendo que Chechenia está en paz,
añadió incertidumbre a la situación de la población civil, que sufre los efectos del conflicto armado y la desprotección institucional. La impunidad de las fuerzas de seguridad y la práctica
del secuestro continuaron siendo elementos recurrentes en la república, según varias ONG.
También el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa criticó la práctica de la
tortura en Chechenia tras su visita a la república a finales de febrero.

Oriente Medio

La violencia de carácter sectario en Iraq durante el primer trimestre mantuvo los mismos niveles de gravedad experimentados durante el año 2006, conmemorándose en febrero el primer aniversario del atentado de Samarra que significó el inicio de los enfrentamientos de
carácter sectario. Sin embargo, la violencia que sufre el país tiene un carácter multifacético, ya
que este sectarismo se une a los enfrentamientos de los grupos insurgentes tanto shiíes como
sunníes (algunos de carácter baazista y pro sadamista) contra la presencia de las tropas ocupantes y también contra los nuevos cuerpos de seguridad iraquíes, así como los actos de
violencia vinculados a grupos sunníes dentro de la órbita de al-Qaeda y también a los servicios
secretos de diversos países que actúan en Iraq. Paralelamente, ha ido en aumento un tipo de
violencia de carácter criminal que practica secuestros y actos de delincuencia común cuya
proliferación pone de manifiesto el fracaso de las fuerzas de ocupación en su promesa de
garantizar la seguridad, la gobernabilidad y la restauración de las libertades en Iraq. Para
intentar hacer frente a toda esta compleja situación, el Primer Ministro, N. Al-Maliki anunció en
febrero un nuevo plan de seguridad en Bagdad conjunto entre las fuerzas estadounidenses e iraquíes. En este sentido, el Presidente, G.W Bush, también anunció a principios de año una nueva estrategia para Iraq que incluía un refuerzo de 21.500 militares (a pesar de las recomendaciones del Grupo de Estudios sobre Iraq), que se unirían a los 132.000 ya presentes en el país, además de medidas económicas y presiones políticas sobre el Gobierno de N. Al-Maliki. A finales de diciembre se produjo la ejecución del ex Presidente, S. Hussein, cuyas imágenes fueron difundidas provocando el recrudecimiento de la violencia. A principios de marzo se celebró, además, una conferencia internacional de paz que reunió en Bagdad a responsables de Siria, Irán y EEUU, para intentar abordar la situación desde una perspectiva regional, lo que puso de manifiesto la necesidad de EEUU de hacer frente a la situación desde un nuevo enfoque más plural.
En lo que respecta al conflicto armado entre Israel y Palestina, el trimestre se vio marcado por la violencia que enfrentó a las milicias de Hamas y Fatah y los intentos en paralelo de poner fin a esta situación y formar un Gobierno de unidad nacional para superar el bloqueo de la
comunidad internacional y especialmente de Israel y EEUU hacia el Gobierno de Hamas. Así,
se produjo una escalada de los enfrentamientos, principalmente en la franja de Gaza (donde
Hamas tiene una presencia predominante y un amplio apoyo social), aunque también tuvieron
su reflejo en Cisjordania, donde el apoyo político y la presencia de las milicias de uno y otro
bando es más equilibrado. En febrero ambas partes alcanzaron en la Mecca un acuerdo para la
formación de un Gobierno de unidad, que se constituyó a mediados de marzo, aunque Israel y
EEUU persistieron en su bloqueo a cualquier Gobierno en el que estuviera presente Hamas, y
tuvieron lugar algunos actos esporádicos de violencia posteriores a la firma del acuerdo. Paralelamente, Israel continuó llevando a cabo su política de incursiones para capturar a los supuestos militantes de organizaciones palestinas y prosiguió la construcción de otras 3.000
nuevas viviendas en territorio palestino según la ONG israelí Peace Now, que destacó que los bloques de asentamientos se adentran cada vez más en territorio palestino. Por otra parte, la organización de derechos humanos israelíes B’Tselem destacó que las fuerzas de seguridad israelíes dieron muerte a 660 palestinos durante el 2006, la mayoría en Gaza, una cifra que supone el triple de muertes que las ocurridas el año anterior. De éstos, al menos 322 fueron población civil que no había participado en ningún acto hostil, y 141 eran menores. Al mismo tiempo, el número de ataques mortales a israelíes por parte de palestinos se había reducido, pasando de 50 en 2005 a 23 muertes en 2006. Por otra parte, en noviembre se contabilizaron 9.075 palestinos encarcelados en prisiones israelíes, 345 de los cuales eran menores. De estas personas, 738 se encuentran detenidos sin juicio y sin conocer los cargos que se les imputaban.

Para más información
http://www.pangea.org/unescopau/img/programas/alerta/barometro/barometro13.pdf

El presente Informe ha sido elaborado por el equipo de la Unidad de Alerta de la Escola de Cultura de Pau, formado por: Maria Cañadas Francesch (derechos humanos), Albert Caramés Boada (desarme), Vicenç Fisas Armengol (procesos de paz), Patricia García Amado (crisis humanitarias), Marta Mendiola Gonzalo (derechos humanos), Maria Prandi Chevalier (derechos humanos), Gema Redondo de la Morena (rehabilitación posbélica), Josep Maria Royo Aspa (conflictos armados), Enero Sanz Pascual (desarme), Núria Tomàs Collantes (tensiones), Jordi Urgell Garcia (conflictos armados), Ana Villellas Ariño (conflictos armados) y María Villellas Ariño (género y construcción de paz).

El Coltan en el Congo

Reportaje del Youtube sobre el coltan y el Congo de Pulitzer Center

El coltan y la guerra de Congo

Para muchas personas la palabra coltan es tan extraña como incomprensible. No es en sí un nuevo vocablo. Es la combinación de dos palabras, que corresponden a sendos minerales: la columbita y la tantalita, de los que se extraen dos metales más apetecidos que el oro. Si tenemos en cuenta que estos metales están considerados altamente estratégicos y añadimos que el 80 por ciento se encuentran en la República Democrática de Congo, empezaremos a vislumbrar por qué hay una guerra en este país desde el 2 de agosto de 1998, por qué dos países africanos, como Ruanda y Uganda, ocupan militarmente parte del territorio congoleño y por qué, a la postre, han muerto ya más de dos millones de personas. Y es que el coltan es un metal esencial para el desarrollo de las nuevas tecnologías, las estaciones espaciales, las naves tripuladas que se lanzan al espacio y las armas más sofisticadas.
No hace falta tener muchos conocimientos de derecho internacional para afirmar que esta guerra constituye la mayor injusticia, a escala planetaria, que se está cometiendo contra un Estado soberano. En las últimas décadas la historia nos ha deparado tristes ejemplos de asalto y hasta de ocupación militar de un país independiente. Irak invadió Kuwait y Estados Unidos hizo lo propio en Granada, aunque con resultados distintos. Se han bombardeado países, como Afganistán e Irak, amparados en un dudoso respaldo de la ONU. Pero lo que no se había hecho, desde la invasión de países europeos por la Alemania de Hitler, era la ocupación pura y dura de un territorio, para aniquilar a miles de ciudadanos y explotar, al mismo tiempo, los recursos minerales del país ocupado. Esto es lo que está ocurriendo en la República Democrática de Congo. Lo que añade gravedad a esta piratería es la pasividad de la comunidad internacional. A quienes nos duelen todas las opresiones, nos sobrecoge este desprecio a una parcela de la humanidad, doblemente ultrajada.
Ya nadie puede ignorar que la guerra que padece la República Democrática de Congo tiene como causa la depredación de metales preciosos y recursos estratégicos. Con ellos se enriquecen unos cuantos y se financia la propia guerra. Los culpables son muchos. Según un grupo de expertos de Naciones Unidas, que elaboró un informe sobre la guerra en este país, el Ejército Patriótico Ruandés (APR) ha montado una estructura ad hoc para supervisar la actividad minera en Congo y facilitar los contactos con los empresarios y clientes occidentales. Se han creado varias empresas mixtas entre los negociadores europeos del coltan y miembros del APR y del círculo de personas cercanas al presidente ruandés Paul Kagame.

Un millón de dólares al mes
El Ejército ruandés traslada en camiones el mineral a Kigali, capital de Ruanda, donde es tratado en las instalaciones de la Somirwa (Sociedad Minera de Ruanda), antes de ser exportado. Los últimos destinatarios son Estados Unidos, Alemania, Holanda, Bélgica y Kazajstán. La compañía Somigl (Sociedad Minera de los Grandes Lagos), tiene el monopolio en el sector; es una empresa mixta de tres sociedades: Africom (belga), Promeco (ruandesa) y Cogecom (surafricana). Entrega 10 dólares por cada kilo de coltan exportado al movimiento rebelde Reagrupación Congoleña para la Democracia (RCD), que cuenta con unos 40.000 soldados, apoyados por Ruanda. «Con la venta de diamantes –ha declarado el mismo Adolphe Onusumba, presidente de la RCD– ganábamos unos 200.000 dólares al mes. Con el coltan llegamos a ganar más de un millón de dólares al mes».
La mestiza pakistaní-burundesa Azazi Gulamani Kulsum, una famosa contrabandista en la región de los Grandes Lagos, es la gestora de Somigl. Esta mujer empezó su carrera en Bunia, vendiendo tabaco de contrabando. Muy próxima al dirigente hutu burundés Léonard Nyangoma, era considerada hace poco como el principal abastecedor de armas a los rebeldes ruandeses hutus. Hoy, gracias a la Somigl, trabaja con el ejército ruandés, que en principio se encuentra en Kivu para perseguir a los hutus.
En la zona controlada por los ugandeses –ha señalado la periodista Marina Rini después de visitar el noreste de la República Democrática de Congo– no existe monopolio. Asegura que en Butembo operan seis grandes compradores extranjeros, oficialmente en competencia entre ellos. Los empleados extranjeros, aparte de un ugandés, son todos ex soviéticos: rusos o kazakos tal vez. Sin revelar su identidad han confesado a Marina Rini: “Vivíamos desde hace varios años en Suráfrica y ahora hemos venido a comerciar con el coltan”. A ellos les compra Kazajstán. Informaciones reservadas de las Naciones Unidas revelan que el tráfico lo organiza la hija del presidente kazako, Nursultan Nazarbaev, a través de sociedades mixtas belgas. La hija de Nazarbaev está casada con Vassili Mette, director general de Ulba, la empresa kazaka que extrae y refina uranio, coltan y otros minerales estratégicos. Al parecer, Salim Saleh, hermano del presidente ugandés, Yoweri Museveni, no está al margen de este floreciente negocio.

Las compañías occidentales en la explotación del coltan
Ésta es, a grandes rasgos, la sutil tela de araña de un negocio internacional que está alimentando una guerra en el corazón de África y empobreciendo a los ciudadanos de uno de los países más ricos de la tierra. Pero hay más. El IPIS (Servicio de Información para la Paz Internacional) ha realizado un minucioso estudio sobre las vinculaciones de empresas occidentales con el coltan y, por tanto, con la financiación de la guerra en la República Democrática de Congo.
Los documentos reunidos por esta organización establecen que la compañía belga Cogecom sprl ha sido un socio clave en el monopolio instaurado por los rebeldes congoleños. Las transacciones entre Somigl y Cogecom supusieron 600.000 dólares para la RCD sólo en el mes de diciembre de 2000. Otras transacciones similares han tenido lugar entre Somigl y Cogear, una compañía con una dirección ficticia en Bélgica.
La investigación sobre las actividades del grupo alemán Masingiro GMBH revela tres transacciones comerciales realizadas entre junio y septiembre de 2001 y que cubrían la exportación de 75 toneladas de coltan. Las cantidades en juego hacen pensar que el coltan exportado por la compañía alemana procede de stocks acumulados por el monopolio de la RCD (la Somigl). Este coltan ha sido enviado a Alemania a través del aeropuerto de Ostende y el puerto de Amberes por las compañías de transporte TMK (vinculada a la RCD), A.B.A.C y NV Steinvweg (Bélgica). El coltan estaba destinado sin duda a la fábrica de tratamiento de tántalo en manos de H.C. Starck, filial de Bayer y líder mundial en la materia.
El hombre de negocios suizo Chris Huber parece jugar un papel primordial en la financiación del esfuerzo de guerra de Ruanda. La investigación demuestra que sus compañías Finmining y Raremet compran el coltan de Rwanda Metals, una compañía que actúa en nombre del ejército ruandés y lo revende a la fábrica de transformación Ulba en Kazajstán. Se sabe que existen transacciones entre Finmining y la compañía kazaka de fletes Ulba Aviakomapnia/Irtysh Avia para los envíos de coltan de Kigali a Kazajstán. Chris Huber podría estar ligado a Victor Bout, un conocido traficante de armas, suministrador de diferentes grupos rebeldes y armados en África.
Eagle Wings Resources (EWR) es una joint-venture (empresa de riesgo compartido) entre la americana Trinitech y la holandesa Chemi Pharmacie Holland. El representante local de EWR en Kigali es Alfred Rwigema, el cuñado del presidente Paul Kagame. El informe de las Naciones Unidas acusa al presidente ruandés de jugar un papel motor en la explotación de los recursos naturales de la República Democrática de Congo. La dirección de EWR afirma haber rechazado propuestas comerciales de Grands Lacs Metals, otra compañía del coltan controlada por el ejército ruandés. .
Alcatel, Compaq, Dell, Ericsson, HP, IBM, Lucent, Motorola, Nokia, Siemens y otras compañías punteras utilizan condensadores y otros componentes que contienen tántalo, así como las compañías que fabrican estos componentes como AMD, AVX, Epcos, Hitachi, Intel, Kemet, NEC.

Objetivo: dividir el Congo
Hay que subrayarlo una vez más: estos oscuros negocios son, en primera instancia, los culpables de una guerra no por olvidada menos dramática y bochornosa. Con un agravante: se teme que sobre el mismo territorio de la República Democrática de Congo pesa la amenaza de la fragmentación. Es decir, la división en varios estados, lo que facilitaría aún más la explotación de los recursos. Ya lo presintió y denunció –y por eso lo asesinó el ejército ruandés– Mons. Christophe Munzihirwa, arzobispo de Bukavu.
Más recientemente, el obispo congoleño de Kamina, Mons. Jean-Anatole Kalala Kaseba durante un encuentro con el Comité de Solidaridad con el África Negra en Madrid: “Creemos que los que han creado esta situación pueden ponerle fin, especialmente los americanos. La ONU está allí, incluso en mi diócesis. Son observadores, pero ¿qué es ser observador? Tienen un programa que no quieren decirnos. Aseguraron que venían para ponerse entre los beligerantes, pero vienen a confirmar la partición del país. Nosotros hubiéramos preferido que estuvieran en todas las ciudades, pero resulta que no están presentes ni en Uganda ni en Ruanda. Tenemos razones para creer que estos observadores han sido enviados por las multinacionales. El ex presidente de Botsuana Kett Masire –el mediador en el conflicto congoleño– ha dicho claramente que si fracasa el diálogo intercongoleño, la ONU tomará de nuevo el país en sus manos. No es nuevo. Esta guerra ha sido provocada para esto. La ONU quiere que fracase el diálogo intercongoleño para dirigir el país como un protectorado. Creo que la ONU está hoy al servicio de una gran potencia y hace lo que ella quiere”.
Esto no es sólo un temor. A mediados de marzo de 2002, el Gobierno de Ruanda, que ha convertido parte de Kivu en una extensión de su territorio, se apropió de todos los servicios telefónicos nacionales de Bukavu: instaló el código 250 de Rwandatel con un equipo completo para habilitar 3.000 líneas telefónicas, telefax y e-mail. De esta manera, todo el servicio de Internet está controlado desde Kigali, capital de Ruanda.
Comité de Solidaridad con el África Negra
Madrid

Wangari Maathai - Resources and Conflict

No tengo otra manera de editarlo pinchad en el recuadro. Conferencia de Wangari Maathai sobre la relación de los conflictos armados con los recursos materiales.
Wangari Maathai (nacida el 1 de abril de 1940 en Nyieri, Kenia) es una activista política y ecologista keniana. En 2004 recibió el Premio Nobel de la Paz por "sus contribuciones al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz". Es la primera mujer africana que recibe este galardón. La doctora Maathai es además miembro electo en el parlamento y ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro del gobierno presidido por Mwai Kibaki. (pinchad en las palabras azules y os llevará al Wikipedia, por si quereis más información)

Sucesos de Mayo III. Carta de Benito Pabón, exiliado del POUM

El tercer texto de nuestro especial del 70º Aniversario de los Sucesos de Mayo en Barcelona, no relata los hecho en sí, pero es una declaración de la persecución hacia los poumistas, antecedente y comienzo de la estrategia del PCE y la Cheka en la Guerra Civil Española.

"Es muy difícil para quien parte tan activa tomó, como me sucede, en los acontecimientos de España desde el 19 de julio, romper sin esfuerzo supremo todas las ligaduras afectivas, nacidas a través de esta actuación. Había puesto en ella tal dosis de cordialidad que hasta el momento -¡caso raro!- tenía la seguridad de no haberme creado un solo enemigo. He repetido hasta la saciedad, en todas mis conversaciones con las diferentes organizaciones antifascistas, en todas las reuniones y en todos mis discursos, que estaba firmemente convencido de que una lealtad mutua, una unidad de acción y de objetivo eran lo único que podría darnos la victoria...
Sin embargo -he aquí lo extremadamente doloroso-, el afán de hegemonía de ciertos sectores y destacadísimamente del comunista, ha hecho que donde se debió llegar a una armonía y compenetración perfectas, sólo existían odios, desavenencias y luchas sordas e intestinas que acabarán por dar al traste, ayudados por notorios errores de gobierno, con la capacidad de resistencia de nuestra retaguardia.
El hecho es que, a causa en gran parte de la ayuda real y efectiva dada por Rusia a la guerra, el partido comunista gobierna hoy como le place los destinos de la España republicana. Si no va más lejos en la destrucción de los demás grupos políticos es solamente porque, por el momento, esto no le parece deseable ni ventajoso. En efecto, todavía debe mantener ciertas apariencias, tanto en España como en el extranjero.
Y esta hegemonía del Partido Comunista supone, y los hechos de demuestran, la implantación de los métodos políticos característicos de Rusia. La desaparición y asesinato de Nin fue un síntoma alarmante y trágico. La organización comunista, con la complicidad de sectores de la Dirección general de Seguridad, burlando la buena fe del señor Zugazagoitia -tan buen periodista como detestable ministro de la Gobernación-, lo secuestró y asesinó. Y no bastándole con esto, inventó el burdo cuento, muy apropiado para niños o idiotas, de haber sido arrebatado a la policía por una organización fascista, con la que el ex-secretario de la Internacional Sindical Roja -según ellos, estaba de perfecto acuerdo. Lanzados por este camino, los secuestros se repiten y poniendo empeño en acabar con todos los que no se someten a sus propósitos, los comunistas usan no ya sólo la violencia, sino lo que aún es más repugnante: de todos los resortes que Maquiavelo pudiera soñar como empleados contra los enemigos de los dueños del poder. La vida, la libertad y la honra, el prestigio de cualquiera por muy alto que esté, no merece el menor respeto. A diestro y siniestro, falsificando si es preciso documentos e inventando historias, lanzan las excomuniones calificando de traidores o de espías a los hombres de más clara historia revolucionaria[...]
He tomado mi decisión, pero antes de alejarme de España he creído un deber dar estas explicaciones. No fue el menor motivo, en mis dudas sobre el retorno a Valencia, el afán de defender a los compañeros de ustedes, militantes del POUM, sometidos al más injusto y absurdo de los procesos. no fue la menor entre las razones que me hicieron dudar. Si estuviese convencido de que quedarme en España daría algunas garantías a vuestros camaradas, no habría dudado en quedarme, incluso contra mis propios intereses. Desgraciadamente he de confesarles que conociendo a fondo la situación, todo mi esfuerzo, es decir, todo lo que se me había de permitir, lo considero inútil y lleno de riesgos.
Recientemente, en la España antifascista se ha adoptado una teoría más abracadabrante que todas las que hubiésemos creído posibles durante el período más despótico de la monarquía. Es la teoría de que un abogado que defiende una causa puede, por esa sola razón, ser acusado de complicidad con los actos de que son acusados sus clientes. Esa ha sido, en efecto, la explicación dada para la detención y encarcelamiento de algunos abogados bien conocidos. La prensa comunista formula claramente la opinión de que, siendo yo el abogado del POUM, era por tanto un traidor, un espía y un amigo de Franco, como se acusaba de serlo a mis clientes. En semejante atmósfera, en la que las calumnias son inventadas y las falsedades establecidas de un día para otro, ¿podéis decirme que garantías podía tener de que mi papel de abogado defensor no se habría trocado en el de acusado, sin ninguna posibilidad de defenderme contra todas las calumnias que hubiesen querido descargar sobre mi cabeza?[...]
Desde aquí y desde cualquier lugar fuera de España, estoy dispuesto a ayudaros informando sobre los verdaderos hechos de este proceso. He abandonado todo, me voy completamente desilusionado. Yo descargo mi corazón ante vosotros, lleno de tristeza por haber abandonado un país en el que he trabajado con lealtad para tratar de remediar, en la medida de mis fuerzas, las injusticias de las que sufre nuestro pueblo" (Carta de Benito Pabón a la comisión ejecutiva clandestina del POUM). En La révolution prolétarienne (París, nº263, 25/1/1938) John Mac Govern

Tesis para hacer posible el fin del conflicto vasco

TRIBUNA: VICENÇ FISAS
VICENÇ FISAS 23/04/2007
No conozco ningún proceso de paz en el mundo que no haya ido acompañado de tremendas contradicciones, sorpresas, retrocesos, crisis profundas y polarizaciones extremas, pero también de oportunidades, asunción de riesgos y persistencia.
En el caso vasco eso ha sido y es evidente, y no hay más que recordar los momentos esperanzadores del primer semestre del pasado año, el absoluto desánimo y desconcierto producido por el atentado de finales de año, la tensión provocada por la huelga de hambre de De Juana Chaos y la decisión final tomada por el Gobierno sobre este caso. Todo lo acontecido son lecciones a aprender para el futuro para que en un día no muy lejano se pueda reabrir el
proceso.
Estamos sólo en una etapa complicada de un proceso más largo, iniciado en los primeros años de la década y que probablemente termine a finales de la misma. El proceso no se inició con el alto el fuego, sino mucho antes, y el atentado de Barajas no puede hacer olvidar el paulatino cambio de las actitudes iniciales, comportamientos y demandas de la mayoría de los principales actores que han intervenido en el proceso, aunque ahora cueste recordarlo o reconocerlo, pero que constituyen un activo que muy posiblemente permita abrir una nueva etapa en un futuro no necesariamente lejano. El diálogo, aunque les pese a algunos sectores, nunca debe ser un concepto a despreciar, dado que es la base esencial de toda una serie de actividades que deberán realizar todos los actores y círculos vinculados a un conflicto.
Casi ningún proceso finaliza con victoria/derrota y venganza sobre una de las partes, por odiosa que sea, sino mediante un final concertado y dialogado. Es más, por muy mal que vayan las cosas ahora, nunca es conveniente romper todos los canales de comunicación, aunque en determinados momentos tenga que utilizarse de manera reservada, informal o a título personal, de modo que
en otras circunstancias más favorables sea más fácil reiniciar los contactos y el diálogo entre partes que se han distanciado o han roto todo contacto.
Un aspecto decisivo y esperanzador logrado en los últimos años es que en la sociedad vasca ya existe un consenso político de que las decisiones de calado han de tomarse con mayorías muy amplias (el consenso suficiente) y nunca por la lógica perversa y polarizadora del 51% de los votos, y que ningún proceso de paz es viable sin la participación de los sectores políticos más próximos a los grupos armados. Por tanto, en el "consenso suficiente" necesariamente deberá
participar Batasuna, guste o no, además del PSE (opción más probable) o el PP (muy improbable en el día de hoy). La "propuesta de Anoeta" de tener dos mesas en paralelo (el diálogo Gobierno-ETA por un lado, y separadamente el diálogo entre todos los grupos políticos) continúa teniendo sentido, pero sólo en la medida en que ambas mesas puedan ser una realidad a corto plazo y puedan actuar con independencia, esto es, que no exista tutela alguna por parte de ETA
respecto a la mesa política. Para ello, cada actor primario ha de asumir plenamente sus responsabilidades en cada fase del proceso, sin demoras ni excusas, porque desperdiciar o retrasar indefinidamente las oportunidades y las posibilidades de actuación tiene siempre un precio muy elevado. Al respecto, no sirve para nada arrojar todas las culpas a los demás, pues cada cual tiene que analizar en qué cosas ha fallado. De este modo, si Batasuna y la "izquierda
abertzale" se independizan claramente de cualquier posicionamiento militarista de ETA, se abriría un espacio decisivo para la resolución del conflicto, que no debería ser boicoteado por ninguna instancia del Estado o del Gobierno. Pero para que todas las formaciones políticas puedan participar en procesos electorales y convertir la política en el instrumento de la solución, la legislación existente (como la Ley de Partidos) debería reformarse para hacerlo posible.
El PP no debería olvidar que cualquier Gobierno tiene la obligación política y moral de intentar poner fin a un conflicto que causa víctimas mortales, sufrimientos y polarización entre la población, y que por ello ningún Gobierno debería ser acusado de traidor por querer llevar a cabo una iniciativa en este sentido. En el caso del conflicto vasco, no hay "precio político a pagar", sino una apuesta por desarrollar la democracia respetando las decisiones colectivas mediante procedimientos democráticos y con metodologías previamente acordadas, y no hay que confundir costes o sacrificios con precios políticos.
En conflictos con actores semejantes a ETA, es mejor preparar el terreno para que dicha organización decida autodisolverse por puro pragmatismo, a cambio de concertar ciertos beneficios para sus presos, pues el escenario de una absoluta derrota por medios policiales es irreal en organizaciones con amplia capacidad para regenerarse. Lo anterior implica también que ETA deberá abandonar cualquier término ambiguo en las siguientes fases de aproximación
que pudieran darse. Éstas pueden quedar sumamente debilitadas por un tiempo más o menos largo, pero también pueden renacer de las cenizas. En todo caso, a partir de ahora ya no valdrá la más mínima confusión en lo que se dice, de la misma manera que no se podrá prometer lo que se sabe que es irrealizable.
Vicenç Fisas es director de la Escuela de Cultura de Paz (UAB). Sus últimos libros son
Anuario 2007 de procesos de paz (en prensa) y Procesos de paz y negociación en
conflictos armados.

El brazo armado de Hamás anuncia el fin de la tregua y lanza misiles contra Israel

AGENCIAS - Gaza - 24/04/2007

El brazo armado del Movimiento de la Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Azedín al Kasam, ha anunciado hoy formalmente la suspensión del alto el fuego alcanzado el pasado mes de noviembre por el que se comprometía a no atentar contra Israel desde Gaza. Sin más trámite, ha lanzado varios misiles contra territorio de Israel, a quien culpa del fin de la tregua por matar a varios activistas este fin de semana. Sin embargo, el Gobierno palestino, en manos de Hamás, ha pedido a sus radicales que retomen el alto el fuego para preservar "los intereses de los palestinos".
Ghazi Hamad, portavoz del Gobierno de Hamás, ha emitido un comunicado en el que "el Gobierno reitera su deseo de que la calma continúe y sea preservada de forma que se alcancen los intereses nacionales del pueblo palestino". Era la respuesta al anuncio, horas antes, del brazo armado de Hamás de que ponía fin a la tregua que mantenía con Israel desde noviembre.
El anuncio lo hacía a alrededor del mediodía el portavoz de las Brigadas, Abú Obaida, en un comunicado remitido a los medios de comunicación en la franja de Gaza. "No hay calma entre nosotros y la ocupación [israelí], la ocupación ha roto la calma", ha dicho Obaida, en referencia a los nueve palestinos muertos este fin de semana a manos de soldados israelíes. "La parte que ha roto la tregua ha sido la ocupación israelí, que nunca se ha comprometido con las condiciones de la tregua". Poco antes, se habían reanudado los lanzamientos de misiles contra Israel, que el grupo no había efectuado desde hace cinco meses. Según las brigadas, han lanzado entre 30 y 60 cohetes y disparos de mortero.
Hamás y la mayor parte de las facciones armadas palestinas declararon el pasado 26 de boviembre una tregua o hudna unilateral temporal en sus acciones contra Israel desde Gaza, que pretendían extender asimismo a Cisjordania. Últimamente, se ha producido un debate en el seno de Hamás sobre la conveniencia de mantener la tregua o suspenderla, ante acciones del ejército israelí como la del pasado fin de semana.
Un portavoz del ejército israelí ha declarado que al menos cinco misiles han sido disparados sobre Israel hoy martes, dos de los cuales han caído cerca de una ciudad del sur de Israel, sin causar víctimas. En respuesta, un helicóptero israelí ha disparado algunas ráfagas de ametralladora cerca de la valla fronteriza de Gaza para frenar los lanzamientos de cohetes.
El viceprimer ministro israelí, Simon Peres, ha declarado hoy que Hamás no ha mantenido totalmente la tregua durante su vigencia y que ha forzado a Israel a reaccionar militarmente. Según fuentes militares israelíes, activistas de Hamás han ayudado a otros grupos que no habían firmado la tregua. "Nuestra preocupación es que Hamás no ha mantenido el alto el fuego que prometió. Ha habido intentos de penetrar en el país y no tuvimos más remedio que evitarlo", ha dicho Peres.

70 Aniversario de los Sucesos de MAyo II (Los Amigos de Durruti)

Atención, trabajadores. ¡Ni un paso atrás!
Los sucesos que, de un tiempo a esta parte, vienen sucediéndose - y no queremos entrar en detalle - son lo suficientemente explícitos para que nos sinta-mos alarmados por el cariz de determinadas actua-ciones. No ha de conceptuarse como algo singular el des-plante que se manifiesta cotidianamente en contra de las esencias y de las conquistas de la revolución. La conducta de la pequeña burguesía, de los Cuerpos armados y de toda la masa amorfa que aguarda la primera ocasión para apuñalar a la revolución, halla el camino trillado por culpa nuestra, a causa de las muchas concesiones que hacemos a nuestros pro-pios enemigos. Sabemos sobradamente que todavía pululan por nuestro suelo un gran número de emboscados, y de defensores de situaciones antípodas, que se han aco-modado a la presente situación. Podríamos dar nom-bres y pruebas, pero la indiferencia y el sabotaje, que muchas veces parte de los Centros oficiales, no permite que se sanee la retaguardia. /p. 14/ La labor contrarrevolucionaria es facilitada por la poca consistencia de muchos revolucionarios. Nos hemos dado perfecta cuenta de un gran número de individuos que consideran que para ganar la guerra se ha de renunciar a la revolución. Así se compren-de este declive que desde el 19 de Julio se ha ido a-centuando de una manera intensiva. De acuerdo con esta poca fe en la victoria de la clase trabajadora, podemos leer un artículo del ca-marada Peiró, en el que se hacen una serie de suge-rencias que al lector le han de producir un efecto deprimente. Y en el mismo terreno, hallamos colo-cados a un crecido porcentaje de militantes que con-sideran que para orillar el peligro de una interven-ción extranjera, hay que dejar en suspenso el ritmo de la revolución. Estamos en un momento muy parecido al que se vivió en Francia, en el curso de su revolución del si-glo XVIII, cuando se pedía a grito pelado la suspen-sión de los clubes y en un instante similar al que vivió la URSS cuando se propugnó por la eliminación de los Soviets. En nuestra revolución se pide que de-saparezcan los Comités y las Patrullas de Control. No cabe duda que nos hallamos en pleno oleaje con-trarrevolucionario. No hay que buscar parangones de carácter históri-co. Los culpables somos nosotros mismos, que te-niendo la revolución en nuestras propias manos, nos asustamos ante la grandiosidad del momento y que por temor a la metralla de los buques extranjeros ce-dimos en bandeja la revolución a los partidos que, indudablemente, habían de estrangularla. ¿No es cierto? ¿Estuvimos a la altura de las circunstancias? Ni por asomo. Cada momento en la vida de los pueblos tiene sus características específicas. Si no se recoge debida-mente, el resultado, en la plasmación de los hechos diarios, en el terreno político y social, es de efectos contraproducentes. En estos siete meses de guerra, /p. 15/ encontramos ejemplos a espuertas. Los anarquistas hemos llegado al límite de las concesiones. Si prose-guimos cediendo posiciones, no cabe duda que den-tro de poco seremos desbordados y la revolución pa-sará a ser un recuerdo más. Por esta razón de peso es de desear que se inicie una nueva ruta. No es justificable que para llevar a las masas al frente de batalla se quieran acallar los anhelos revo-lucionarios. Debería ser todo lo contrario. Afianzar todavía más la revolución para que los trabajadores se lanzasen con brío inusitado a la conquista del nuevo mundo que en estos instantes de indecisión no pasa de ser una promesa. Recomendamos que se preste atención a la embes-tida contrarrevolucionaria. Ha llegado la hora de reaccionar. Salvemos la revolución con nuestra propia vida, si es preciso, pero no demos ni un paso más atrás.
(Jaime Balius La Noche 2-3-37).

Especial 70º Aniversario de los sucesos de mayo I (Barcelona 3-05-37)

Comenzamos el especial de los sucesos de mayo con una redacción de las memorias de Manuel Azaña. Intentaremos ser imparcial y colocar diferentes visiones deurante estas semanas.

Cuaderno de La Pobleta
Manuel Azaña, presidente de la República1937
20 de mayo
Han pasado tantas cosas en estos quince días que no me será fácil contarlas, por lo menos con algún orden (...).
Empiezo por lo de Barcelona, muy grave, y que ha podido ser la escena final, por lo menos, en cuanto a mí se refiere. No quiero entretenerme en los antecedentes, porque sería muy largo. Hay para escribir un libro con el espectáculo que ofrece Cataluña, en plena disolución. Ahí no queda nada: Gobierno, partidos, autoridades, servicios públicos, fuerza armada; nada existe. Es asombroso que Barcelona se despierte cada mañana para ir cada cual a sus ocupaciones. La inercia. Nadie está obligado a nada, nadie quiere ni puede exigirle a otro su obligación. Histeria revolucionaria, que pasa de las palabras a los hechos para asesinar y robar; ineptitud de los gobernantes; inmoralidad, cobardía, ladridos y pistoletazos de una sindical contra otra, engreímiento de advenedizos, insolencia de separatistas, deslealtad, disimulo, palabrería de fracasados, explotación de la guerra para enriquecerse, negativa a la organización de un ejército, parálisis de las operaciones, gobiernitos de cabecillas independientes en Puigcerdá, La Seo, Lérida, Fraga, Hospitalet, Port de la Selva, etcétera. Debajo de todo eso, la gente común, el vecindario pacífico, suspirando por un general que mande y se lleve la autonomía, el orden público, la FAI [Federación Anarquista Ibérica], en el mismo escobazo.
Todos estaban inquietos. Companys hablaba a tontas y locas de dar la batalla a los anarquistas, pero no tenía ganas ni medios. Al parecer, el más enérgico era el consejero de Seguridad, Aiguadé, asistido por un comisario o jefe de Seguridad, Rodríguez Salas, renegado de la CNT, buen conocedor de sus gentes, a las que odia y que lo odian (...) En tal situación, el lunes 3 de mayo se le ocurre a Aiguadé ocupar por la fuerza la Telefónica, para instalar en ella a un comisario del Gobierno. La Telefónica estaba en poder de la CNT y de la UGT, habiéndola repartido por pisos. Aiguadé no dio cuenta de su decisión a los demás consejeros de la Generalidad y, según me ha contado Tarradellas, a él se lo dijo cuando ya tenía dadas las órdenes. Tarradellas me asegura que le pareció aventurada la decisión de Aiguadé, porque no contaban con medios para vencer las resistencias que hubiese; pero le dejó hacer, sin duda por el hábito de que cada cual hiciese cuando se le antojara e incapacidad de mandar (...).
(...) Los guardias de asalto, enviados por Aiguadé, se presentaron ante la Telefónica. Los recibieron a tiros, ocuparon la planta baja, ignoro si alguna otra más. Desde ese momento, empezó el motín. Cuando supimos todo esto en mi residencia, telefoneamos a Aiguadé. Nos dijo que no ocurría nada grave, y que tenía preparada la fórmula para arreglarlo. Creo que la fórmula consistía en dejar las cosas como estaban antes, aunque con los guardias en la planta baja del edificio. Vinieron a decirnos que fuera de las verjas del parque circulaban grupos sospechosos. Se le comunicó a Aiguadé: Los grupos eran pocos, incontrolados, y se retirarían enseguida, gracias a la fórmula. Ordené que cerrasen las verjas y pregunté cuánta gente teníamos. ¡Casualidad! Toda la Escolta estaba de paseo y no volvería hasta las nueve, si la dejaban entrar. Teníamos doce hombres y un cabo. Ningún oficial, excepto el ayudante de servicio. En estas condiciones, se trató de buscar a Viqueira, que ya había salido del cine para su casa. Como las calles podían estar peligrosas, se pidió a Aiguadé que enviase protección a Viqueira para traérmelo; pero, suponiendo yo que no lo haría, mandé uno de los coches de nuestra policía, con cuatro agentes. Entonces se descubrió la gravedad de la situación.
En la puerta del parque, los grupos se acercaron al coche, desarmaron a sus ocupantes, estuvieron a punto de asesinar al conductor y los obligaron a volver atrás. "Las pistolas -dijeron- se las pedís a Eroles." Cuando subieron a contarme el caso, quise llamar por teléfono a Valencia para comunicar con el Gobierno. La telefonista me dijo: "En la central se niegan a dar conferencias para Valencia" (La fórmula de Aiguadé no había, pues, servido). Cuando me disponía a utilizar el telégrafo, llama por teléfono Bolívar, desde Valencia. Admitían aún las llamadas desde fuera de Barcelona, pero no a la inversa (...) Aproveché la llamada de Bolívar, le conté lo que pasaba y le encargué que inmediatamente informara de todo al jefe del Gobierno, a quien se le ocurrió llamar a Companys. Bolívar me transmitió, hora y media más tarde, la respuesta. Companys dijo que el suceso no tenía importancia, que los pequeños grupos se habían retirado y que inmediatamente el primer consejero de la Generalidad acudiría a mi residencia para presentarme sus excusas (...).
En vista de las seguridades de Aiguadé respecto de su fórmula, decidí enviar otra expedición de policías. También los desarmaron y obligaron al coche a volverse. Oída de Bolívar la respuesta del jefe del Gobierno, le encargué que le visitase de nuevo, haciéndole saber que no se podía entrar en mi residencia ni salir de ella, que estábamos asediados y que Barcelona caía en pleno motín. Que lo de darme excusas era una estupidez o una añagaza para no descubrir de verdad al Gobierno. Que yo no era en Barcelona el embajador de Inglaterra o de los Estados Unidos a cuyo cocinero han apaleado y detenido los agentes de la autoridad, al cual se apresura a dar explicaciones y a prometer el castigo de los infractores. Que yo no estaba agraviado con la Generalidad en la persona de mis policías, pues lo que ocurría era una rebelión o un motín muy grave. Que sobraban las excusas y se echaban de menos las medidas de gobierno, etcétera.
No supe más del Gobierno aquella noche, aunque me consta que Bolívar consiguió levantar de la cama al presidente del Consejo. Cenamos tarde. Terminábamos, ya cerca de las once, cuando se presentó Tarradellas. Venía tan aturdido que, en lugar de ir a mi despacho, se dirigió al comedor. Desde la Generalidad, de donde había salido después de las nueve, nos habían preguntado dos veces, con alarma, si Tarradellas estaba con nosotros. No sabíamos nada de él, y temimos por su suerte. Llegó. Había tardado hora y media desde la Generalidad hasta el Parlamento. Le obligaron a apearse del coche en todas las barricadas (por él supe que estaban haciéndolas) y a parlamentar largamente, humillándolo. Cuando quiso empezar el tema de las excusas, recalcándolo con que estaba avergonzado como catalán, le atajé, repitiéndole las observaciones ya apuntadas a Bolívar para el presidente del Consejo. "No ha lugar a excusas, sino a dominar el motín, y por lo que a mí toca, a garantizar mi seguridad y la libertad de mis movimientos." Me confesó que el Gobierno de la Generalidad no dominaba en la calle; que las fuerzas estaban en los cuarteles, pero no las sacaban, porque sacándolas, habría tiroteo. "Con tal de que no lo haya -le dije-, consienten ustedes que Barcelona esté en poder de los anarquistas."
(...) Toda la noche estuvieron los revoltosos dueños de la ciudad, levantando barricadas, ocupando edificios y puntos importantes, sin que nadie se lo estorbase. Además se reprodujeron las entradas en las casas, y los paseos. Se oían algunos tiros (...) Lo que me desazonaba y enfadaba era el escándalo que iba a darse en el mundo con esta rebelión, la utilidad que sacarían de ella los otros rebeldes, y la repercusión de todo ello en la guerra (...).
El martes, poco antes de las ocho, nos despertó el fuego. Se oía un estruendo descomunal, de ametralladoras, morteros, fusilería y bombas de mano. Toda el área del parque estaba rodeada. Frente a la salida de mi residencia, los revoltosos ocupaban la estación de Francia, con ametralladoras en una azotea, y las casas del Borne, cortando el camino hacia el paseo de Colón. Tenían también el paseo de San Juan, la estación del Norte y las vías que comunican con la de Francia (...).
En toda la ciudad había fuego. Funcionaba el teléfono dentro de la población y pudimos preguntar a algunos sitios. En todas partes, lo mismo. No pudiendo hablar por teléfono con Valencia y estando sin noticias del Gobierno, me serví del telégrafo. Por suerte, no se habían apoderado del centro telegráfico. Me pusieron en comunicación con la presidencia del Consejo. El presidente no había llegado. Se puso al habla el subsecretario de Guerra. Le recordé el aviso verbal dado la noche antes por Bolívar, le conté lo que estaba sucediendo y le ordené que se lo comunicase al presidente y me diese cuenta de las medidas que adoptase. Prometió hacerlo. Pero no volví a saber nada del presidente del Consejo, ni me llamó, ni me envió recado alguno. ¡No sé qué habrá de ocurrir en España para que al presidente del Consejo se le ocurra hablar con el de la República!
Desde que Tarradellas se fue de mi residencia, el lunes por la noche, hasta el viernes por la mañana, en que salí de Barcelona, nadie de la Generalidad ha preguntado por mí, ni ha tratado de hablarme, ni se ha interesado por nuestra situación. Era más que una grosería escandalosa, era un acto de hostilidad sorda, pues ninguno de aquellos hombres desconocía mis juicios sobre la política que seguían y muchos habían oído mis advertencias. Añadiré que en toda Barcelona solamente dos personas llamaron preguntando por mí: Guimet y Trabal. Nadie más. ¡Temían comprometerse!
El martes, muy temprano, Aiguadé envió unos guardias para proteger la verja del parque. Galarza me ha dicho después que Aiguadé le aseguró haber enviado quinientos hombres. A nosotros nos dijo Aiguadé que enviaba ciento cincuenta. En realidad, fueron ochenta. Se parapetaron en la verja, para responder al fuego que hacían desde la estación y el Borne. El comandante fue herido en seguida, y le tuvimos en una cama de nuestra casa hasta que se lo llevaron al hospital. Cayó muerto el alférez (...)

Responsibility to Protect in 2007: Five Thoughts for Policy Makers

Presentation by Gareth Evans, President of the International Crisis Group, to Panel Discussion on The Responsibility to Protect: Ensuring Effective Protection of Populations under Threat of Genocide and Crimes Against Humanity, Program to Commemorate 1994 Rwandan Genocide, United Nations, New York, 13 April 2007

The anniversary each year of the Rwandan genocide is an occasion not only to remember, as we must, the almost indescribable horrors that men and women are capable of inflicting on each other when restraint, and principle and governance and international commitment all break down – and Rwanda remains the most terrible benchmark of modern times of such personal and institutional failure – but also to take stock of how far we have come, and how far we have yet to go, in ensuring that another Rwanda really will never again happen.To focus the ongoing discussion, I want to make, as succinctly as I can, five main points:
the Responsibility to Protect (R2P) principle remains the best starting point we have, or are ever likely to have in preventing and responding to genocides and mass atrocities;
we need to recognise, nonetheless, that the R2P principle is still at risk, and have to work hard to hold the line against backsliding;
even with the R2P principle itself firmly consolidated, there is still unfinished conceptual business to attend to;
there is much unfinished practical, capacity-building business to attend to; and there is unfinished political business to attend to.
1. R2P as the Starting PointIt has taken the world an insanely long time to come to terms conceptually with the idea that state sovereignty is not a license to kill – that there is something fundamentally and intolerably wrong about states murdering or forcibly displacing large numbers of their own citizens, or standing by when others do so. We didn’t get it right in any of the decades, or even centuries, before World War II, where – with only a handful of exceptions – there was almost complete indifference to what states did internally, or in their own spheres of imperial or other interest.We began to get it right, after the awful experience of the Holocaust, with the Nuremberg Tribunal Charter, and the Universal Declaration of Human Rights and the Genocide Convention, but still gave too much primacy to Article 2.7 of the UN Charter with its stricture that ‘Nothing should authorise intervention in matters essentially within the domestic jurisdiction of any state’.With the unfolding series of horrors in the 1990s, there were serious attempts made again to get it right. There was the coining of the idea of ‘droit d’ingerence’ – the ‘right to intervene’ or, more fully, the ‘right of humanitarian intervention’ – but this enraged as many as it inspired, and reinforced rather than bridged a perception-gulf between the global North and the global South. And there was Kofi Annan’s valiant attempt to say that what was needed here was a balanced reconciliation of two different kinds of sovereignty, that of the state and that of the individual – but at the end of the day this restated the problem rather than solving it. It was only with the report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) in 2001 – for which we can thank our Canadian co-hosts here today – that a broadly acceptable conceptual solution at last appeared, with the emergence of the principle of ‘the responsibility to protect’. There were at least two great advantages of this formulation over any previous attempt to solve the dilemma. The first was that it made clear that sovereign states remained the primary actors – it was their primary responsibility to protect, with the help of others as appropriate, their own peoples, and it was only if they were unable or unwilling to exercise that responsibility that any responsibility shifted to the wider international community. The second was that it made absolutely clear – in the way that proponents of ‘humanitarian intervention’ did not – that non-consensual military intervention was absolutely a last resort, and that R2P was about much more than that: it was about the responsibility to prevent, the responsibility to react (by a whole variety of strategies, diplomatic, political, economic, legal and, only in really extreme cases, military) and about the responsibility to rebuild shattered societies after catastrophic breakdowns had occurred.This basic formulation did win remarkably widespread acceptance in a remarkably short time – through the transmission belt of endorsement by the High Level Panel in 2004, the Secretary-General’s own In Larger Freedom report in 2005, and ultimately the UN General Assembly World Summit in September 2005, with the Security Council then embracing the general principle in April 2006 and applying it specifically to Darfur in August last year.What is just as intriguing, and heartening, as these formal developments is the evidence that is now emerging that people around the world seem to think that we have it right in formulating the principle that there are limits to state sovereignty when it comes to the protection of people from genocide and similarly severe human rights violations. A major new opinion poll was released earlier this month by the Chicago Council on Global Affairs and WorldPublicOpinion.org which found that, in each of the eleven countries surveyed, many more people favoured than were opposed to the proposition that ‘the UN Security Council has the responsibility to authorise the use of military force to protect people from severe human rights violations such as genocide, even against the will of their own government’. An extraordinary 76 per cent of Chinese approved, as did 74 per cent of Americans, and for example 69 per cent of Palestinians, 64 per cent of Israelis, 54 per cent of French and Poles, and 51 per cent of Indians. So when it comes to the starting point for ensuring that never again do we have another Rwanda, I think the reality is clear that we are not going to any better, for the indefinitely foreseeable future, than the R2P principle. It touches the right bases, and the right chords, and has shown that it is capable of winning very broad international acceptance indeed. But for all that has been achieved we still have a long way to go in bedding down acceptance of the R2P principle and giving it practical effect as new cases arise.2. R2P Still at RiskMy second point is that, for all the acceptance that R2P has won, those gains are still at some risk of drifting away, on the one hand in the face of continued hostility by enemies of the concept, and on the other hand as a result of misguided support for it by some of those who call themselves its friends. The assault from the enemies is familiar enough. It comes for a start from those countries who continue have something to hide or be ashamed about in terms of their own internal behaviour and are deeply reluctant to acknowledge, as a result any limitations on their sovereignty: while they felt unable to hold out against the final consensus at the World Summit they will remain alert to any opportunity to puncture or undermine the concept. And opposition comes also from a variety of countries, notably in Asia, who retain a strong ideological aversion to imperialism in any shape or form, and who remain instinctively unwilling to concede in principle that external intervention – and in particular military intervention – could ever wholly avoid having that character. This is a recurring theme in a lot of academic literature which continues to have some influence – for example recent article by Alex de Waal and Mahmood Mamdani – although what I find interesting about such pieces is that they continue to hammer away at ‘humanitarian intervention’ as the target, and only incidentally mention R2P, flailing away at the old straw man without acknowledging that the debate has moved on and the extent to which their concerns have already been conceptually accommodated.Trouble from those who say they are friends of R2P comes in two other ways. First, from those who play into the hands of the ideological critics I have just mentioned by being far too ready to think of R2P situations only in military terms. This has been a recurring problem with much of the campaigning over Darfur, where the debate has tended to polarise into a choice between, as Lee Feinstein puts it in his recent Council on Foreign Relations paper, ‘the stark options of Doing Nothing and Sending in the Marines’, without acknowledging the many way stations in between. The International Crisis Group, by contrast, has argued that in the present circumstances a non-consensual military intervention would almost certainly be disastrously counterproductive, in terms of its impact on current humanitarian relief operations and the very fragile north-south peace process; the situation is still, we have said, very much an R2P one, where there has been an abdication of its responsibility by the Khartoum government, but here R2P objectives are better pursued in other ways, including economic and legal pressures. If the concept of R2P is not to be eroded it is important that its friends apply it in an appropriately nuanced way.The more troubling friends of R2P are those false friends who have misapplied it to justify military intervention in circumstances where this was plainly wrong. Nothing has done R2P more harm than its invocation by some of the defenders of the 2003 invasion of Iraq, notably the UK government, to paint it as justified by R2P principles, as other defences in terms of possession of weapons of mass destruction or support for international terrorism crumbled away. This has not been in the slightest bit analytically persuasive for a whole variety of reasons, including on the threshold question of whether Saddam Hussein’s current behaviour – as distinct from a decade earlier – could be characterised as either large scale killing or ethnic cleansing. But all the talk about overthrowing tyranny, and responding to Saddam’s human rights abuses, succeeded admirably in reinforcing the arguments of R2P opponents that any concession as to the limits of state sovereignty would create an excuse that would be exploited all too willingly by neo-colonialists and neo-imperialists keen to return to their bad old interventionist habits of decades past. This almost sank R2P at the World Summit, and has the capacity to continually undermine it in the future if not met with robust counter arguments about what R2P is really about.3. Unfinished Conceptual BusinessAn important piece of unfinished business in this respect, and this is my third point, is the need to spell out with absolute precision what are the circumstances in which non-consensual military force can, and cannot, be used in a way that is consistent with R2P principles. The ICISS Commission, while of course making the point over and again that R2P was about much more than military intervention – and in fact more than anything else about the responsibility to prevent these situations arising in the first place – recognised that to the extent this was acknowledged as an option, albeit only in the most extreme cases, in reaction to major harm actually occurring or about to occur, then one simply had to spell out in detail when it was actually right to fight, and when it was not. We accordingly identified a set of prudential criteria in this respect which we argued should be adopted by the Security Council. These were the seriousness of the harm being threatened (which would need to involve large scale loss of life or ethnic cleansing to prima facie justify something as extreme as military action); the motivation or primary purpose of the proposed military action (whether it was primarily to halt or avert the threat in question, or had some other main objective); whether there were reasonably available peaceful alternatives; the proportionality of the response; and, not least, the balance of consequences – whether overall more good than harm would be done by a military invasion. These recommendations were subsequently embraced both by the High Level Panel and the Secretary-General in his own report – but not adopted by the World Summit, and they remain in limbo. Of course no criteria of the kind the Commission argued for, even if agreed as guidelines by the Security Council, will ever end argument on how they should be applied in particular instances, for example Darfur right now. But it is hard to believe these criteria would not be more helpful than the present totally ad hoc system in focusing attention on the relevant issues, revealing weaknesses in argument, and generally encouraging consensus.4. Unfinished Practical BusinessIf R2P is not to remain more theoretical than real, we must somehow solve the problem of capacity, ensuring that the right civilian and, as necessary, military resources are always there in the right amounts and with the appropriate capability. And that means having readily available a set of responses that are somewhere between Doing Nothing and Sending in the Marines.We need stronger early warning coordination and response machinery at the centre – with the UN Secretary General having a Special Adviser on the Prevention of Genocide and other Mass Atrocities reporting to him – a person, like the retiring incumbent Juan Mendez, of real international stature, but working full time, with a staff of appropriate size and quality, and supported by a standing Advisory Committee able to make waves as occasion demands and ensure that we never again have early warnings fall into the black hole of indifference that confronted General Dallaire in 1994. We need effective diplomatic capacity ready and available to negotiate and mediate those situations which are capable of being stopped by effective early intervention of this kind.We need a repertoire of carefully thought–through sanctions measures, with an effective, professionally resourced, mechanism ready to be put in place immediately to monitor the application and effectiveness of those sanctions.We need a full range of civilian capabilities, especially effective policing, on permanent standby, with the capacity to be immediately deployedAnd we do also need effective preparedness to mount military operations for civilian protection purposes – with the consent if at all possible of the government in question (as was the case in East Timor, for example, and has been the case with the limited forces so far sent to Darfur), but in really extreme cases, if there is no other way of protecting the people in question from slaughter and ethnic cleansing, without that consent. The experience of the current AU mission in Darfur is a classic demonstration of the problem of military capacity in a consensual intervention situation – too few troops, too poorly equipped, and too immobile to perform effectively even the limited civilian protection task required by their present mandate. The UN is currently feeling desperately overstretched, with over 80,000 military and 15,000 civilian personnel deployed worldwide, but with the world’s armed services currently absorbing some 20 million men and women in uniform (with another 50 million reservists, and 11 million paramilitaries), it hardly seems beyond the wit of man to work out a way of making some of that capacity available when and where it’s needed to prevent and react to man-made catastrophe. Another crucial practical operational issue is to address the question, up until now almost completely neglected by the world’s militaries, of developing detailed concepts of these R2P/ civilian protection operations, which involve neither traditional war-fighting (where the object is not to stop violence as such, but to defeat an enemy) and peacekeeping operations (which although these days usually involving much more than the traditional passive monitoring, have still not come to grips with the kind of responses needed to cope with the threat or reality of atrocity crimes). It’s not just a matter of force configuration, but of developing new doctrine, and new kinds of rules of engagement, and new kinds of training. Victoria Holt has shown us the way on all these topics in her excellent recent book for the Stimson Center, and it’s more than time for the relevant militaries and their governments around the world to respond. 5. Unfinished Political BusinessAs always, generating the political will to act – both in putting in place the necessary capacity-building measure, and then in responding with all that machinery to particular new crisis situations as they arise – is the biggest and hardest piece of unfinished business. But we have to recognise that finding the necessary political will to do anything hard, or expensive, or politically sensitive, or seen for better or worse as not directly relevant to national interests, is just a given in public affairs, domestically or internationally: its absence should not be a matter for lamentation, but mobilization. Political will is not hiding in a cupboard or under a stone somewhere waiting to be discovered: it has to be painstakingly built.All of us have a role in this respect. It is a matter of not just top-down effort – with key officials in key governments, and those who can influence them directly (as hopefully we in Crisis Group can) making the effort to persuade and mobilise their peers in the international community to take the necessary action in the UN Security Council and elsewhere. It’s also a matter of bottom-up mobilisation: making the voices of ordinary concerned citizens heard in the corridors of power. My own view, which I know is shared by many government and NGO representatives here today, is that it is time to build a new institutional structure to advance politically the R2P agenda. What is needed is a structure – perhaps we could call it the ‘Global Coalition for the Responsibility to Protect’ (GCR2P for short) – is a structure which draws together civil society organizations to liaise with like-minded governments and international organizations to recommend strategy, coordinate efforts, identify gaps, build political will, and serve as an information clearing house on R2P. Ideally it would have a group of distinguished international patrons – maybe one from each continent – and an effective working secretariat based here in New York, not trying to tightly control campaign and related activity, both top-down and bottom-up, but helping to guide and coordinate it. Discussions along these lines have commenced between a number of organisations, and I believe it’s in all our interests that something of this kind comes together over the next few months. I have often argued that there is a political case for R2P on hard-headed, practical, national interest grounds: states that can’t or won’t stop internal atrocity crimes are the kind of rogue states, or failed or failing states, that can’t or won’t stop terrorism, weapons proliferation, drug and people trafficking, the spread of health pandemics and other global risks. But at the end of the day I think all of here know and accept that the case for R2P rests simply on our common humanity: the impossibility of ignoring the cries of pain and distress of our fellow human beings. For any of us in and around the international community – from individuals to NGOs to national governments to international organizations – to yet again ignore that distress and agony, to once again be guilty of the tragic neglect with which we reacted to Rwanda thirteen years ago, and to once again make ‘never again’ a cry that rings totally emptily, is to diminish that common humanity to the point of despair. We should be united in our determination to not let that