Negotiations encourages more terrorism

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Second Graph: Evolution of political Parties in Basque Government

NGO monitor ataca a la Cooperación Española en Palestina

Alejandro Hurtado de Ory para el Alternative Information Center 

La Organización israelí NGO Monitor publicó el pasado mes de mayo un informe sobre la cooperación española del 2009 al 2011 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En él, se critica duramente a la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) tanto en aspectos técnicos como políticos, llegando a afirmar que la AECID malversó fondos para beneficiar a ONGs españolas afines al Partido Socialista (PSOE) que fomentan el “odio a Israel” (escuchar editorial de César Vidal en libertad Digital)

El estudio en sí es bastante pobre técnicamente, y acusa una y otra vez a las ONGs españolas de la falta de transparencia en la publicación de la información. Por un lado se basa en un informe de la OCDE en el que según NGO Monitor “critica la falta de mecanismos de supervisión y evaluación de la ayuda al desarrollo”. Una consulta a dicha referencia demuestra que la OCDE no critica que exista una falta de supervisión, todo lo contrario, hizo unas recomendaciones con respecto a la supervisión del gobierno español sobre la Cooperación descentralizada (la coordinación con las autonomías y municipalidades del Estado) en el 2007 las cuales, según el informe, han sido “parcialmente implementadas” y van por buen camino.

 Por otro lado,  basa sus acusaciones de malversación de fondos prácticamente en una fuente periodística, el ABC, en especial los artículos de Paloma Cervilla que desde el 2010 comenzó una campaña de acusaciones contra las ONGs españolas de izquierdas. Dicha periodista es famosa en España por utilizar fuentes poco fiables para sacar conclusiones tendenciosas en contra de las políticas sociales. Este año llegó a afirmar que las chicas becadas para su educación utilizaban el dinero “para ponerse tetas”. Esta misma periodista acusó una y otra vez públicamente a Asamblea de Cooperación por la Paz, organización que tuvo que mandar una carta al ABC pidiendo que se retractasen por utilizar la información no era verídica y estaba sujeta a malinterpretación. Dicho medio nunca se retractó y se ha convertido ahora en la fuente del informe de NGO monitor.

Las descripciones y adjudicaciones de presupuestos a organizaciones españolas y locales (palestinas e israelíes) no sólo están tergiversadas sino que carecen intencionadamente de falta de información. Sólo por poner un ejemplo, la primera organización de la que se hace eco, ARIJ (Applied Research Institute Jerusalem), recibe “un monto adicional de 650.000€ (2009) para un proyecto definido simplemente como ayuda a ONG”. Dicha definición no se corresponde con el título del proyecto sino el título de la Convocatoria abierta por la AECID, la cual antiguamente, tenía convocatorias abiertas para ONGs locales sin intermediación de las organizaciones españolas (de ahí el título de “ayuda a ONG”). Además, la implicación de que exista una falta de transparencia es totalmente falsa cuando solamente por medio de Google se puede ver en qué fue invertido ese dinero. Tanto ARIJ como AECID publicaron en sus respectivas páginas web los proyectos implementados (ver listado de proyectos de ARIJ). Además, los mismos proyectos de ARIJ son apoyados o cofinanciados por la Unión Europea y la Agencia de Ayuda Estadounidense (USAID).

Otro ejemplo podemos encontrarlo en una de sus fuentes principales para criticar la “Falta de Transparencia en la financiación de las ONG”, el informe se basa en un artículo del El País y las ONGs analizadas por la Fundación Lealtad. No sólo la investigación de Fundación Lealtad y el artículo del El País son del 2007 (momento en el que la OCDE hizo las recomendaciones) y no del período de investigación de este informe 2009-2011, sino que en declaraciones de dicha Fundación a El Mundo el 15 de Junio del 2007 se afirma que “a pesar de los escándalos financieros que han sacudido este año al sector, el principio de transparencia en la financiación es respetado por el 99% de las ONG del informe, al igual que el de la claridad en el fin social de la entidad”

Es cierto que han habido muchos casos de “mala gestión” de fondos al desarrollo pero la mayoría de ellos han pasado por auditorías y solventados, en otros casos, de menor presupuesto, se someten a una evaluación final por parte del donante; el único caso que ha llegado a los tribunales por corrupción es justamente de una organización afiliada al PP en el “caso Cooperación” en latino américa.

Es totalmente falso que intencionadamente la AECID financie proyectos que van en contra de un Estado reconocido bajo la legalidad internacional. En las líneas prioritarias de la Cooperación (públicas y bajo las cuales tienen que presentarse todos los proyectos) mencionan claramente como prioridades el derecho internacional y la construcción de Paz.

Dentro de la prioridad de Derechos humanos, la AECID, así como otras autonomías y municipalidades, financian proyectos que defienden las resoluciones de Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario. Dentro de la prioridad de Construcción de paz, acciones no violentas (manifestaciones, capacitación, cabildeo, sistemas de alerta temprana) que, aunque NGO Monitor considere anti-israelíes y políticamente intencionadas, no sólo la intención es la resolución justa y pacífica del conflicto, sino que también debemos recordar que las organizaciones locales y españolas criticadas por el informe, reciben fondos de otras instituciones como son Naciones Unidas, la Unión Europea e incluso, alguna, como Panorama, de (USAID), con lo cual reconocen y legitiman dichas acciones.

Dejando a un lado la falta de veracidad de la acusación, lo realmente preocupante tanto para Palestina como para la democracia en España son las implicaciones y las causas políticas de dicho informe.   El informe en sí fue, por un lado, realizado por un experto, Soeren Kern, del think-tank español Grupo de Estudios Estratégicos (GEES),  con fuertes conexiones  con el Partido Popular y, por el otro, financiado por NGO Monitor que, como demostró Shir Hever en su último boletín para el AIC: Economía de la Ocupación, NGO Monitor recibe gran parte de sus fondos de individuos en Estados Unidos a través de grupos tales como Amigos americanos de NGO Monitor, la Agencia Judía y las Federaciones Judías de Norteamérica. A pesar del énfasis de NGO Monitor en la necesidad de transparencia en el sector de las ONGs, al menos dos de las donaciones al grupo son anónimas y se encuentran detrás de nombres como la “Fundación Orion” o las “Federaciones Judías de Norteamérica”, las cuales funcionan solamente como un canal para las donaciones. NGO Monitor solicitó además al Registro de Israel tener el privilegio de mantener anónimo el nombre de al menos uno de sus donantes más importante con lo que no se puede saber la procedencia.

Por el lado español, la organización que presentó este informe ante el Congreso de los Diputados (ver foto) y creó “intergrupo parlamentario de amistad hispano-israelí” coordinado por Gabriel Elorriaga, parlamentario del PP, fue la Asociación para la Concordancia de Oriente Medio (ACOM), un nuevo lobby formado hace pocos años con fuertes lazos con el AIPAC (lobby judío americano) y con la recién formada Delegación del PP en Israel.

El origen de este lobby lo encontramos en José María Aznar cuando formó la Iniciativa de amigos de Israel en el 2010. A partir de ahí, y desde las últimas elecciones, la relación del las empresas españolas con las israelíes ha ido en aumento, llegando a un incremento en el último año del 5% cuando con el resto de países europeos la relación comercial con Israel ha caído un 10%, un paso muy grande según palabras del Embajador Israelí en España, Alon Bor, en el programa Marca España de Radio Exterior.

Justamente hace un año el Portavoz de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Congreso de los Diputados, Juan Carlos Grau Reines, vino a Israel y aprovechó su visita para reunirse con miembros del PP en Israel, el mismo año, la ministra española Ana Pastor vino a Israel a firmar un acuerdo por el que han concursado varias empresas españolas.

El primer precio político a estos acuerdos comerciales, casi lo paga Mariano Rajoy cuando dudó en votar positivamente por la incorporación de Palestina como Estado Observador dentro de la Asamblea de la ONU. La duda manifestó el poder que empezaba a tener el lobby israelí en España, muchos asesores aconsejaron a Mariano Rajoy no cambiar la política hacia Oriente Próximo de una manera tan drástica. El siguiente paso ha sido el ataque visceral y sin argumentos a una de las políticas centrales del Gobierno de Zapatero: la cooperación y una actitud más dialogadora hacia el mundo árabe. Las acusaciones vertidas en el informe hacia una agencia estatal es un precio muy pequeño para el nuevo ejecutivo español, que claramente quiere también “privatizar” la Cooperación, reduciéndola a lo mínimo y fomentando la aparición de Fundaciones que realizan “caridad” y no “desarrollo de capacidades”.

Pero el gran precio lo pagarán los españoles consiguiendo una “salida de la crisis” a base de acuerdos con países que violan el derecho internacional (recordemos que el aumento de venta de armas en el último año se ha producido a países como Israel o Arabia Saudí, y que miembros de fuerzas de seguridad, en este caso los Mossos d’Esquadra, se entrenan junto a fuerzas de seguridad israelíes que se encuentran desplegadas en territorio legalmente reconocido como palestino).

No hace falta recordar cuantos casos de Palestinos que perdieron sus casas o fallecieron sus familiares, han defendido las organizaciones abiertamente criticadas por este informe, o la cantidad de litros de agua potable al que tienen acceso ahora los palestinos gracias a la financiación española. No es relevante ahora tampoco mencionar cuantos proyectos financiados por los impuestos de los españoles ha destruido el ejército israelí (tanques de agua, plantas de energía solar, viviendas, construcciones civiles…) . Lo importante es recordar que la Unión Europea acaba de publicar que los tPo no son territorio israelí bajo la legalidad internacional con lo que sus productos no pueden etiquetarse como israelíes y no se podrá cooperar con  empresas ni instituciones que tengan intereses o sucursales dentro de los tPo bajo financiación europea. Es importante recordárselo a todas esas empresas españolas que buscan el Dorado en Israel, porque la mayoría de ellas tienen intereses en la construcción de los asentamientos, en la desviación de agua palestina para uso exclusivo israelí, o el aprovechamiento de los recursos naturales y físicos de los tPo. Es importante recordárselo a las empresas y también a Mariano Rajoy, porque un día habrá que rendir cuentas a la UE, a la Corte Penal Internacional y, ojalá, a los ciudadanos del Estado español que les recordarán cómo hemos salido de la crisis violando los derechos fundamentales de otros pueblos como es el Palestino.