2/5/2007
Invita el candidato
• Un magnate ruso aspira a ser alcalde de Jerusalén
• Su campaña se basa en obras sociales y en dotar al equipo local de fútbol del mayor presupuesto de la liga israelí
La cara pública Gaydamak, en un acto en Jerusalén, en abril." src="http://www.elperiodico.com/EDICION/ED070502/CAS/FOTOS/EPP_ND/CARP01/f046bh03.jpg" width=153>
La cara pública Gaydamak, en un acto en Jerusalén, en abril.
RICARDO MIR DE FRANCIAJERUSALÉN
Con dinero se puede comprar casi todo. Arcadi Gaydamak, el excéntrico multimillonario judío de origen ucraniano que anunció el lunes sus intenciones de ser alcalde de Jerusalén, se presentaba en sociedad a finales del 2006 con una fiesta de año nuevo por todo lo alto. Reservó el Hotel Hilton de Tel-Aviv y lo vistió con orquídeas salvajes y tulipanes para cortejar a sus mil invitados, desde modelos y rabinos a políticos del calibre del exprimer ministro Binyamín Netanyahu. Faltaba la guinda para atraer la pompa mediática que merece una bacanal de un millón y medio de euros: el cantante Enrique Iglesias y su esposa, la tenista Anna Kurnikova.El ascenso de Gaydamak, de 54 años, ha sido meteórico. Llegó a Israel hace solo siete años huyendo de la justicia francesa y desde entonces se ha dedicado, en palabras del columnista de Haaretz Uzi Benziman, a "comprar los corazones de la gente atribulada" y a edificarse, a golpe de talonario, "una estatura pública". Su fortuna, estimada en más de 1.000 millones de euros y amasada entre la Bolsa de Moscú, el comercio de diamantes y varias compañías petroleras siberianas, se lo ha permitido.Instintos primariosInicialmente apeló a los instintos primarios de los israelís. Compró el devaluado equipo de fútbol de la capital, el Beitar Jerusalén, ligado a la derecha ultranacionalista, y le dio el mayor presupuesto de la liga. Más tarde se embarcó en la adquisición de la emisora 99.0 FM, como ya hizo en Moscú, donde es propietario de Business FM y del diario Moscovskie Novosti. "La gente oirá a Sinatra o a los Beatles y pensará: 'Esa es la radio de Gaydamak'", clamaba hace poco con petulancia.Después cultivó su perfil social y político aprovechando hábilmente las grietas asistenciales del Estado israelí. En plena guerra del Líbano, evacuó a 6.000 residentes del norte para alojarlos con todos los gastos pagados en dos campamentos a orillas del Mediterráneo. Un recate filantrópico en el que se gastó más de 10 millones de euros. Unos meses más tarde se llevó a 2.000 habitantes de la localidad de Sderot, la diana habitual de los cohetes Qasam palestinos, a pasar una semana de vacaciones en un hotel de lujo en el Mar Rojo."Gaydamak ha pasado de ser un payaso a ojos de la prensa a ser la principal figura política de la comunidad rusa junto con Avigdor Lieberman", explica a este diario el politólogo Zeev Hanim. Una posición nada despreciable teniendo en cuenta que los israelís de origen ruso representan al menos un quinto de la población judía.Pero para muchos, este ambicioso ciudadano Kane que viaja por el mundo como representante del Gobierno de Angola --tiene otros tres pasaportes: francés, israelí y canadiense-- está simplemente construyéndose un paraíso legal. Francia, donde vivió casi tres décadas, le busca por presunta evasión fiscal, blanqueo de dinero y tráfico ilegal de armas a Angola. Un juez francés decidió el mes pasado juzgarlo en rebeldía por su relación con el escándalo Angolagate.Israel, donde también está siendo investigado, se niega a extraditarlo, en consonancia con su tradicional política de asilo a los judíos perseguidos por la justicia extranjera. En la misma situación se encuentran otros oligarcas como Leonid Nevzlin, Vladimir Dubov o Majaíl Brudno, reclamados en vano por Rusia. Y es que solo Gaydamak aporta a la Hacienda pública 2,5 millones de dólares al año, según el diario Yedioth Ahronoth.Votos para NetanyahuAhora, este hombre que solo había pisado Israel unos meses en los años 70 y que ni siquiera habla hebreo en público acaba de anunciar sus deseos de presentarse a la alcaldía de Jerusalén. Su otra opción política pasa por jugar la baza de su recién creado partido, Justicia Social, destinado a recabar votos para su aliado Netanyahu con propuestas socioeconómicas. Y, por qué no, a ganarse de paso la inmunidad parlamentaria.Su desembarco no ha levantado demasiada controversia en un país donde el 85% de los ciudadanos consideran a sus políticos unos corruptos y donde uno de cada tres diputados ha sido investigado. Como escribía la analista Lily Galily, "el problema con su entrada en la política es, precisamente, que ya no se percibe como un problema". Gaydamak lo tiene claro. "No tengo ninguna duda de que la ciudad entera votará por mí", dijo al Yedioth Ahronoth.
Es un blog sin animo de lucro, sin animo de ofender y sin animo de nada excepto de informar, compartir, recrear, recordar y expandir todo aquello que pasa en el mundo y que afecta nuestras mentes y corazones.
miércoles, 2 de mayo de 2007
viernes, 27 de abril de 2007
Wangari Maathai - Resources and Conflict
No tengo otra manera de editarlo pinchad en el recuadro. Conferencia de Wangari Maathai sobre la relación de los conflictos armados con los recursos materiales.
Wangari Maathai (nacida el 1 de abril de 1940 en Nyieri, Kenia) es una activista política y ecologista keniana. En 2004 recibió el Premio Nobel de la Paz por "sus contribuciones al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz". Es la primera mujer africana que recibe este galardón. La doctora Maathai es además miembro electo en el parlamento y ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro del gobierno presidido por Mwai Kibaki. (pinchad en las palabras azules y os llevará al Wikipedia, por si quereis más información)
"Failing to Empower Women Peacebuilders: A Cautionary Tale from Angola",
Donald Steinberg in PeaceWomen E-News
25 April 2007PeaceWomen E-News
In the summer of 1994, against the backdrop of the Rwandan genocide and the deterioration of conditions in Somalia, one of the few hopeful developments on the African continent came from the Zambian capital of Lusaka, where Angolans from the Government and the rebel UNITA movement and international mediators were working to end two decades of civil war that had killed a half million people. In my position as President Clinton's special assistant for African affairs, I had the privilege of supporting these negotiations, which bore fruit in November 1994 with the signing of the Lusaka Protocol.
This comprehensive peace accord promised an end to the conflict and a new era of national reconciliation and reconstruction.
Addressing an audience of African scholars on the Lusaka Protocol in late 1994, I was asked about the role of women in its negotiating and implementation. I responded that there was not a single provision in the agreement that discriminated against women. "The agreement is gender-neutral," I proclaimed, somewhat proudly.
President Clinton then named me as US ambassador to Angola and a member of the Luanda-based Joint Commission charged with implementing the peace accords. It took me only a few weeks after my arrival in Luanda to realize that a peace agreement that is "gender-neutral" is, by definition, discriminatory against women and thus far less likely to be successful. The exclusion of women and gender considerations from the peace process proved to be a key factor in our inability to implement the Lusaka Protocol and in Angola's return to conflict in late 1998.
Consider the evidence. Most telling was the failure to insist that women participate in the Joint Commission itself. As a result, at each meeting of this body, forty men sat around the table. Not a single delegation - the Angolan government, UNITA, the United Nations, Portugal, Russia or the United States - had a woman on its team. Not only did this silence women's voices on the hard issues of war and peace, but it also meant that issues as internal displacement, sexual violence, abuses by government and rebel security forces, and the rebuilding of social services such as maternal health care and girls' education were given short shrift - or no shrift at all.
Those in the Joint Commission who sought to address gender issues encountered other barriers. The peace accord was based on 13 separate amnesties that excluded the possibility of prosecution for atrocities committed during the conflict. One amnesty even excused any actions that might take place six months in the future. Given the prominence of sexual abuse and exploitation during the conflict, including rape used as a weapon of war, thse amnesties meant that men with guns forgave other men with guns for crimes committed against women. This flaw also undercut any return to a culture of rule of law and accountability, and introduced a cynicism at the heart of our efforts to rebuild and reform the justice and security sectors.
Similarly, as we launched disarmament, demobilization, and reintegration programs for ex-combatants, we soon realized that the agreement defined a combatant as anyone identified as such by their military's leadership. The thousands of women who had been kidnapped or coerced mostly into the rebel forces were largely excluded by their leaders, since most of them were exploited as cooks, messengers, bearers, and even sex slaves. Thus, we had to scramble to provide any support to these victims.
Male ex-combatants received a little money and demobilization kits consisting mostly of seeds and farm tools. We then shipped them back to communities where they had no clear roles, since they lacked marketable skills and the communities had learned to live without them during the decades of conflict. As elsewhere around the world, the result was a dramatic rise in alcoholism, drug abuse, divorce, and domestic violence, and the breakdown of the coping mechanisms that gave women some protection during the conflict. Thus, the end of civil war unleashed a new era of violence against women.
Even such well-intentioned efforts as clearing major roads of landmines to allow the more than 2 million refugees and internally displaced persons to return to their homes backfired against women. Angola was plagued by up to a million landmines planted by a dozen separate military forces throughout its conflict. But road clearance demining efforts preceded the demining of local fields, wells, and forests. So as newly resettled women went out to plant the fields, fetch water, and collect fire wood, they faced a new rash of landmine accidents.
The Lusaka Protocol was largely silent on or had inadequate mechanisms to deal with a wide variety of other issues, including trafficking in persons, reconstitution of reproductive health care systems, a displacement-related burgeoning of the HIV/AIDS rate, the proliferation of small arms and light weapons in civilian hands, and psycho-social assistance to the victims of rape and other sexual violence.
Faced with these challenges, the indefatigable UN Special Representative Aliouene Blondin Beye - who later lost his life in the pursuit of peace in Angola - brought out gender advisers and human rights officers to guide our efforts. Our embassy launched programs in maternal health care, girls' education, humanitarian demining, micro-enterprise, and support for women's non-governmental organizations. Moreover, we insisted that women be involved as planners, implementers and beneficiaries for our humanitarian and reconstruction assistance programs under the guidance, "Nothing about us without us."
These efforts were greatly assisted by excellent guidance from the Women's Commission on Refugee Women and Children, Widtech, and Special Envoy Paul Hare. But it was too little, too late. The peace process was already viewed as serving the interests of the warring parties rather than the general population. Thus when the peace process faltered in mid-1998 because of insufficient commitment from both the government and especially UNITA leader Jonas Savimbi, there was insufficient civil society pressure on the leaders to prevent a return to conflict.
I leave it to an enterprising researcher to fully document the case, but I have no doubt that the exclusion of one-half of the population from the Angolan peace process - and from institutions of governance and the formal economy - meant that inadequate attention was paid to areas essential to consolidate peace and reconstruct the country. This contributed to the return to another three years of fighting that ended only with Savimbi's death in 2001.
The adoption in 2000 of UN Security Council resolution 1325 brought the promise of a systematic approach and concentrated energy to address these issues, but thus far, has largely been a dream deferred. Courageous and talented women trying to help build peace around the world still face discrimination in legal, cultural and traditional practices. Sexual violence and threats against women in power structures still impose a stigma of victimization that makes the most impressive women think twice before stepping forward. And yet there are more and more cases -- from Liberia to Rwanda to Nepal to Uganda -- where women are contributing to peace and reconstruction processes.
There is much to do to make such cases the norm. As a global community, we must safeguard and strengthen women peacebuilders with personal security and training. We must ensure a critical mass - beginning at 20-30 percent - of women in peace talks, reconstruction conferences, and governance mechanisms.
We must focus on rebuilding social structures with particular importance to women, such as reproductive health care and girls' education. We must end the culture of impunity that turns a blind eye toward violence against women. We must bring more women into the security forces of post-conflict countries.
Even within the UN system itself, we have a long way to go. As the world hailed the election of Ellen Johnson Sirleaf as president of Liberia, the UN Secretary General issued a report in September 2006 identifying the benchmarks that would allow for the drawdown and withdrawal of UN peacekeepers from that country. Of 39 benchmarks on security, governance, rule of law, and economic revitalization, there was not a single mention of women or gender. Of the remaining seven benchmarks on infrastructure and basic services, only the last item mentioned the need for girls' school enrolment.
This situation is dangerous. Including women in building peace it is not just a question of fairness and equity. Peace agreements and post-conflict governance and reconstruction simply work better when women are involved and gender is taken into account. With the growth of new peace negotiations and peacekeeping mission globally, the case of Angola is a cautionary tale that we ignore at our peril.
Donald Steinberg is vice-president for multilateral affairs and head of the New York office of International Crisis Group. He formerly served as US Ambassador to Angola, NSC Senior Director for African Affairs, and Special Representative of the President for Global Humanitarian Demining.
25 April 2007PeaceWomen E-News
In the summer of 1994, against the backdrop of the Rwandan genocide and the deterioration of conditions in Somalia, one of the few hopeful developments on the African continent came from the Zambian capital of Lusaka, where Angolans from the Government and the rebel UNITA movement and international mediators were working to end two decades of civil war that had killed a half million people. In my position as President Clinton's special assistant for African affairs, I had the privilege of supporting these negotiations, which bore fruit in November 1994 with the signing of the Lusaka Protocol.
This comprehensive peace accord promised an end to the conflict and a new era of national reconciliation and reconstruction.
Addressing an audience of African scholars on the Lusaka Protocol in late 1994, I was asked about the role of women in its negotiating and implementation. I responded that there was not a single provision in the agreement that discriminated against women. "The agreement is gender-neutral," I proclaimed, somewhat proudly.
President Clinton then named me as US ambassador to Angola and a member of the Luanda-based Joint Commission charged with implementing the peace accords. It took me only a few weeks after my arrival in Luanda to realize that a peace agreement that is "gender-neutral" is, by definition, discriminatory against women and thus far less likely to be successful. The exclusion of women and gender considerations from the peace process proved to be a key factor in our inability to implement the Lusaka Protocol and in Angola's return to conflict in late 1998.
Consider the evidence. Most telling was the failure to insist that women participate in the Joint Commission itself. As a result, at each meeting of this body, forty men sat around the table. Not a single delegation - the Angolan government, UNITA, the United Nations, Portugal, Russia or the United States - had a woman on its team. Not only did this silence women's voices on the hard issues of war and peace, but it also meant that issues as internal displacement, sexual violence, abuses by government and rebel security forces, and the rebuilding of social services such as maternal health care and girls' education were given short shrift - or no shrift at all.
Those in the Joint Commission who sought to address gender issues encountered other barriers. The peace accord was based on 13 separate amnesties that excluded the possibility of prosecution for atrocities committed during the conflict. One amnesty even excused any actions that might take place six months in the future. Given the prominence of sexual abuse and exploitation during the conflict, including rape used as a weapon of war, thse amnesties meant that men with guns forgave other men with guns for crimes committed against women. This flaw also undercut any return to a culture of rule of law and accountability, and introduced a cynicism at the heart of our efforts to rebuild and reform the justice and security sectors.
Similarly, as we launched disarmament, demobilization, and reintegration programs for ex-combatants, we soon realized that the agreement defined a combatant as anyone identified as such by their military's leadership. The thousands of women who had been kidnapped or coerced mostly into the rebel forces were largely excluded by their leaders, since most of them were exploited as cooks, messengers, bearers, and even sex slaves. Thus, we had to scramble to provide any support to these victims.
Male ex-combatants received a little money and demobilization kits consisting mostly of seeds and farm tools. We then shipped them back to communities where they had no clear roles, since they lacked marketable skills and the communities had learned to live without them during the decades of conflict. As elsewhere around the world, the result was a dramatic rise in alcoholism, drug abuse, divorce, and domestic violence, and the breakdown of the coping mechanisms that gave women some protection during the conflict. Thus, the end of civil war unleashed a new era of violence against women.
Even such well-intentioned efforts as clearing major roads of landmines to allow the more than 2 million refugees and internally displaced persons to return to their homes backfired against women. Angola was plagued by up to a million landmines planted by a dozen separate military forces throughout its conflict. But road clearance demining efforts preceded the demining of local fields, wells, and forests. So as newly resettled women went out to plant the fields, fetch water, and collect fire wood, they faced a new rash of landmine accidents.
The Lusaka Protocol was largely silent on or had inadequate mechanisms to deal with a wide variety of other issues, including trafficking in persons, reconstitution of reproductive health care systems, a displacement-related burgeoning of the HIV/AIDS rate, the proliferation of small arms and light weapons in civilian hands, and psycho-social assistance to the victims of rape and other sexual violence.
Faced with these challenges, the indefatigable UN Special Representative Aliouene Blondin Beye - who later lost his life in the pursuit of peace in Angola - brought out gender advisers and human rights officers to guide our efforts. Our embassy launched programs in maternal health care, girls' education, humanitarian demining, micro-enterprise, and support for women's non-governmental organizations. Moreover, we insisted that women be involved as planners, implementers and beneficiaries for our humanitarian and reconstruction assistance programs under the guidance, "Nothing about us without us."
These efforts were greatly assisted by excellent guidance from the Women's Commission on Refugee Women and Children, Widtech, and Special Envoy Paul Hare. But it was too little, too late. The peace process was already viewed as serving the interests of the warring parties rather than the general population. Thus when the peace process faltered in mid-1998 because of insufficient commitment from both the government and especially UNITA leader Jonas Savimbi, there was insufficient civil society pressure on the leaders to prevent a return to conflict.
I leave it to an enterprising researcher to fully document the case, but I have no doubt that the exclusion of one-half of the population from the Angolan peace process - and from institutions of governance and the formal economy - meant that inadequate attention was paid to areas essential to consolidate peace and reconstruct the country. This contributed to the return to another three years of fighting that ended only with Savimbi's death in 2001.
The adoption in 2000 of UN Security Council resolution 1325 brought the promise of a systematic approach and concentrated energy to address these issues, but thus far, has largely been a dream deferred. Courageous and talented women trying to help build peace around the world still face discrimination in legal, cultural and traditional practices. Sexual violence and threats against women in power structures still impose a stigma of victimization that makes the most impressive women think twice before stepping forward. And yet there are more and more cases -- from Liberia to Rwanda to Nepal to Uganda -- where women are contributing to peace and reconstruction processes.
There is much to do to make such cases the norm. As a global community, we must safeguard and strengthen women peacebuilders with personal security and training. We must ensure a critical mass - beginning at 20-30 percent - of women in peace talks, reconstruction conferences, and governance mechanisms.
We must focus on rebuilding social structures with particular importance to women, such as reproductive health care and girls' education. We must end the culture of impunity that turns a blind eye toward violence against women. We must bring more women into the security forces of post-conflict countries.
Even within the UN system itself, we have a long way to go. As the world hailed the election of Ellen Johnson Sirleaf as president of Liberia, the UN Secretary General issued a report in September 2006 identifying the benchmarks that would allow for the drawdown and withdrawal of UN peacekeepers from that country. Of 39 benchmarks on security, governance, rule of law, and economic revitalization, there was not a single mention of women or gender. Of the remaining seven benchmarks on infrastructure and basic services, only the last item mentioned the need for girls' school enrolment.
This situation is dangerous. Including women in building peace it is not just a question of fairness and equity. Peace agreements and post-conflict governance and reconstruction simply work better when women are involved and gender is taken into account. With the growth of new peace negotiations and peacekeeping mission globally, the case of Angola is a cautionary tale that we ignore at our peril.
Donald Steinberg is vice-president for multilateral affairs and head of the New York office of International Crisis Group. He formerly served as US Ambassador to Angola, NSC Senior Director for African Affairs, and Special Representative of the President for Global Humanitarian Demining.
Sucesos de Mayo III. Carta de Benito Pabón, exiliado del POUM
El tercer texto de nuestro especial del 70º Aniversario de los Sucesos de Mayo en Barcelona, no relata los hecho en sí, pero es una declaración de la persecución hacia los poumistas, antecedente y comienzo de la estrategia del PCE y la Cheka en la Guerra Civil Española.
"Es muy difícil para quien parte tan activa tomó, como me sucede, en los acontecimientos de España desde el 19 de julio, romper sin esfuerzo supremo todas las ligaduras afectivas, nacidas a través de esta actuación. Había puesto en ella tal dosis de cordialidad que hasta el momento -¡caso raro!- tenía la seguridad de no haberme creado un solo enemigo. He repetido hasta la saciedad, en todas mis conversaciones con las diferentes organizaciones antifascistas, en todas las reuniones y en todos mis discursos, que estaba firmemente convencido de que una lealtad mutua, una unidad de acción y de objetivo eran lo único que podría darnos la victoria...
Sin embargo -he aquí lo extremadamente doloroso-, el afán de hegemonía de ciertos sectores y destacadísimamente del comunista, ha hecho que donde se debió llegar a una armonía y compenetración perfectas, sólo existían odios, desavenencias y luchas sordas e intestinas que acabarán por dar al traste, ayudados por notorios errores de gobierno, con la capacidad de resistencia de nuestra retaguardia.
El hecho es que, a causa en gran parte de la ayuda real y efectiva dada por Rusia a la guerra, el partido comunista gobierna hoy como le place los destinos de la España republicana. Si no va más lejos en la destrucción de los demás grupos políticos es solamente porque, por el momento, esto no le parece deseable ni ventajoso. En efecto, todavía debe mantener ciertas apariencias, tanto en España como en el extranjero.
Y esta hegemonía del Partido Comunista supone, y los hechos de demuestran, la implantación de los métodos políticos característicos de Rusia. La desaparición y asesinato de Nin fue un síntoma alarmante y trágico. La organización comunista, con la complicidad de sectores de la Dirección general de Seguridad, burlando la buena fe del señor Zugazagoitia -tan buen periodista como detestable ministro de la Gobernación-, lo secuestró y asesinó. Y no bastándole con esto, inventó el burdo cuento, muy apropiado para niños o idiotas, de haber sido arrebatado a la policía por una organización fascista, con la que el ex-secretario de la Internacional Sindical Roja -según ellos, estaba de perfecto acuerdo. Lanzados por este camino, los secuestros se repiten y poniendo empeño en acabar con todos los que no se someten a sus propósitos, los comunistas usan no ya sólo la violencia, sino lo que aún es más repugnante: de todos los resortes que Maquiavelo pudiera soñar como empleados contra los enemigos de los dueños del poder. La vida, la libertad y la honra, el prestigio de cualquiera por muy alto que esté, no merece el menor respeto. A diestro y siniestro, falsificando si es preciso documentos e inventando historias, lanzan las excomuniones calificando de traidores o de espías a los hombres de más clara historia revolucionaria[...]
He tomado mi decisión, pero antes de alejarme de España he creído un deber dar estas explicaciones. No fue el menor motivo, en mis dudas sobre el retorno a Valencia, el afán de defender a los compañeros de ustedes, militantes del POUM, sometidos al más injusto y absurdo de los procesos. no fue la menor entre las razones que me hicieron dudar. Si estuviese convencido de que quedarme en España daría algunas garantías a vuestros camaradas, no habría dudado en quedarme, incluso contra mis propios intereses. Desgraciadamente he de confesarles que conociendo a fondo la situación, todo mi esfuerzo, es decir, todo lo que se me había de permitir, lo considero inútil y lleno de riesgos.
Recientemente, en la España antifascista se ha adoptado una teoría más abracadabrante que todas las que hubiésemos creído posibles durante el período más despótico de la monarquía. Es la teoría de que un abogado que defiende una causa puede, por esa sola razón, ser acusado de complicidad con los actos de que son acusados sus clientes. Esa ha sido, en efecto, la explicación dada para la detención y encarcelamiento de algunos abogados bien conocidos. La prensa comunista formula claramente la opinión de que, siendo yo el abogado del POUM, era por tanto un traidor, un espía y un amigo de Franco, como se acusaba de serlo a mis clientes. En semejante atmósfera, en la que las calumnias son inventadas y las falsedades establecidas de un día para otro, ¿podéis decirme que garantías podía tener de que mi papel de abogado defensor no se habría trocado en el de acusado, sin ninguna posibilidad de defenderme contra todas las calumnias que hubiesen querido descargar sobre mi cabeza?[...]
Desde aquí y desde cualquier lugar fuera de España, estoy dispuesto a ayudaros informando sobre los verdaderos hechos de este proceso. He abandonado todo, me voy completamente desilusionado. Yo descargo mi corazón ante vosotros, lleno de tristeza por haber abandonado un país en el que he trabajado con lealtad para tratar de remediar, en la medida de mis fuerzas, las injusticias de las que sufre nuestro pueblo" (Carta de Benito Pabón a la comisión ejecutiva clandestina del POUM). En La révolution prolétarienne (París, nº263, 25/1/1938) John Mac Govern
"Es muy difícil para quien parte tan activa tomó, como me sucede, en los acontecimientos de España desde el 19 de julio, romper sin esfuerzo supremo todas las ligaduras afectivas, nacidas a través de esta actuación. Había puesto en ella tal dosis de cordialidad que hasta el momento -¡caso raro!- tenía la seguridad de no haberme creado un solo enemigo. He repetido hasta la saciedad, en todas mis conversaciones con las diferentes organizaciones antifascistas, en todas las reuniones y en todos mis discursos, que estaba firmemente convencido de que una lealtad mutua, una unidad de acción y de objetivo eran lo único que podría darnos la victoria...
Sin embargo -he aquí lo extremadamente doloroso-, el afán de hegemonía de ciertos sectores y destacadísimamente del comunista, ha hecho que donde se debió llegar a una armonía y compenetración perfectas, sólo existían odios, desavenencias y luchas sordas e intestinas que acabarán por dar al traste, ayudados por notorios errores de gobierno, con la capacidad de resistencia de nuestra retaguardia.
El hecho es que, a causa en gran parte de la ayuda real y efectiva dada por Rusia a la guerra, el partido comunista gobierna hoy como le place los destinos de la España republicana. Si no va más lejos en la destrucción de los demás grupos políticos es solamente porque, por el momento, esto no le parece deseable ni ventajoso. En efecto, todavía debe mantener ciertas apariencias, tanto en España como en el extranjero.
Y esta hegemonía del Partido Comunista supone, y los hechos de demuestran, la implantación de los métodos políticos característicos de Rusia. La desaparición y asesinato de Nin fue un síntoma alarmante y trágico. La organización comunista, con la complicidad de sectores de la Dirección general de Seguridad, burlando la buena fe del señor Zugazagoitia -tan buen periodista como detestable ministro de la Gobernación-, lo secuestró y asesinó. Y no bastándole con esto, inventó el burdo cuento, muy apropiado para niños o idiotas, de haber sido arrebatado a la policía por una organización fascista, con la que el ex-secretario de la Internacional Sindical Roja -según ellos, estaba de perfecto acuerdo. Lanzados por este camino, los secuestros se repiten y poniendo empeño en acabar con todos los que no se someten a sus propósitos, los comunistas usan no ya sólo la violencia, sino lo que aún es más repugnante: de todos los resortes que Maquiavelo pudiera soñar como empleados contra los enemigos de los dueños del poder. La vida, la libertad y la honra, el prestigio de cualquiera por muy alto que esté, no merece el menor respeto. A diestro y siniestro, falsificando si es preciso documentos e inventando historias, lanzan las excomuniones calificando de traidores o de espías a los hombres de más clara historia revolucionaria[...]
He tomado mi decisión, pero antes de alejarme de España he creído un deber dar estas explicaciones. No fue el menor motivo, en mis dudas sobre el retorno a Valencia, el afán de defender a los compañeros de ustedes, militantes del POUM, sometidos al más injusto y absurdo de los procesos. no fue la menor entre las razones que me hicieron dudar. Si estuviese convencido de que quedarme en España daría algunas garantías a vuestros camaradas, no habría dudado en quedarme, incluso contra mis propios intereses. Desgraciadamente he de confesarles que conociendo a fondo la situación, todo mi esfuerzo, es decir, todo lo que se me había de permitir, lo considero inútil y lleno de riesgos.
Recientemente, en la España antifascista se ha adoptado una teoría más abracadabrante que todas las que hubiésemos creído posibles durante el período más despótico de la monarquía. Es la teoría de que un abogado que defiende una causa puede, por esa sola razón, ser acusado de complicidad con los actos de que son acusados sus clientes. Esa ha sido, en efecto, la explicación dada para la detención y encarcelamiento de algunos abogados bien conocidos. La prensa comunista formula claramente la opinión de que, siendo yo el abogado del POUM, era por tanto un traidor, un espía y un amigo de Franco, como se acusaba de serlo a mis clientes. En semejante atmósfera, en la que las calumnias son inventadas y las falsedades establecidas de un día para otro, ¿podéis decirme que garantías podía tener de que mi papel de abogado defensor no se habría trocado en el de acusado, sin ninguna posibilidad de defenderme contra todas las calumnias que hubiesen querido descargar sobre mi cabeza?[...]
Desde aquí y desde cualquier lugar fuera de España, estoy dispuesto a ayudaros informando sobre los verdaderos hechos de este proceso. He abandonado todo, me voy completamente desilusionado. Yo descargo mi corazón ante vosotros, lleno de tristeza por haber abandonado un país en el que he trabajado con lealtad para tratar de remediar, en la medida de mis fuerzas, las injusticias de las que sufre nuestro pueblo" (Carta de Benito Pabón a la comisión ejecutiva clandestina del POUM). En La révolution prolétarienne (París, nº263, 25/1/1938) John Mac Govern
jueves, 26 de abril de 2007
Tesis para hacer posible el fin del conflicto vasco
TRIBUNA: VICENÇ FISAS
VICENÇ FISAS 23/04/2007
No conozco ningún proceso de paz en el mundo que no haya ido acompañado de tremendas contradicciones, sorpresas, retrocesos, crisis profundas y polarizaciones extremas, pero también de oportunidades, asunción de riesgos y persistencia.
En el caso vasco eso ha sido y es evidente, y no hay más que recordar los momentos esperanzadores del primer semestre del pasado año, el absoluto desánimo y desconcierto producido por el atentado de finales de año, la tensión provocada por la huelga de hambre de De Juana Chaos y la decisión final tomada por el Gobierno sobre este caso. Todo lo acontecido son lecciones a aprender para el futuro para que en un día no muy lejano se pueda reabrir el
proceso.
Estamos sólo en una etapa complicada de un proceso más largo, iniciado en los primeros años de la década y que probablemente termine a finales de la misma. El proceso no se inició con el alto el fuego, sino mucho antes, y el atentado de Barajas no puede hacer olvidar el paulatino cambio de las actitudes iniciales, comportamientos y demandas de la mayoría de los principales actores que han intervenido en el proceso, aunque ahora cueste recordarlo o reconocerlo, pero que constituyen un activo que muy posiblemente permita abrir una nueva etapa en un futuro no necesariamente lejano. El diálogo, aunque les pese a algunos sectores, nunca debe ser un concepto a despreciar, dado que es la base esencial de toda una serie de actividades que deberán realizar todos los actores y círculos vinculados a un conflicto.
Casi ningún proceso finaliza con victoria/derrota y venganza sobre una de las partes, por odiosa que sea, sino mediante un final concertado y dialogado. Es más, por muy mal que vayan las cosas ahora, nunca es conveniente romper todos los canales de comunicación, aunque en determinados momentos tenga que utilizarse de manera reservada, informal o a título personal, de modo que
en otras circunstancias más favorables sea más fácil reiniciar los contactos y el diálogo entre partes que se han distanciado o han roto todo contacto.
Un aspecto decisivo y esperanzador logrado en los últimos años es que en la sociedad vasca ya existe un consenso político de que las decisiones de calado han de tomarse con mayorías muy amplias (el consenso suficiente) y nunca por la lógica perversa y polarizadora del 51% de los votos, y que ningún proceso de paz es viable sin la participación de los sectores políticos más próximos a los grupos armados. Por tanto, en el "consenso suficiente" necesariamente deberá
participar Batasuna, guste o no, además del PSE (opción más probable) o el PP (muy improbable en el día de hoy). La "propuesta de Anoeta" de tener dos mesas en paralelo (el diálogo Gobierno-ETA por un lado, y separadamente el diálogo entre todos los grupos políticos) continúa teniendo sentido, pero sólo en la medida en que ambas mesas puedan ser una realidad a corto plazo y puedan actuar con independencia, esto es, que no exista tutela alguna por parte de ETA
respecto a la mesa política. Para ello, cada actor primario ha de asumir plenamente sus responsabilidades en cada fase del proceso, sin demoras ni excusas, porque desperdiciar o retrasar indefinidamente las oportunidades y las posibilidades de actuación tiene siempre un precio muy elevado. Al respecto, no sirve para nada arrojar todas las culpas a los demás, pues cada cual tiene que analizar en qué cosas ha fallado. De este modo, si Batasuna y la "izquierda
abertzale" se independizan claramente de cualquier posicionamiento militarista de ETA, se abriría un espacio decisivo para la resolución del conflicto, que no debería ser boicoteado por ninguna instancia del Estado o del Gobierno. Pero para que todas las formaciones políticas puedan participar en procesos electorales y convertir la política en el instrumento de la solución, la legislación existente (como la Ley de Partidos) debería reformarse para hacerlo posible.
El PP no debería olvidar que cualquier Gobierno tiene la obligación política y moral de intentar poner fin a un conflicto que causa víctimas mortales, sufrimientos y polarización entre la población, y que por ello ningún Gobierno debería ser acusado de traidor por querer llevar a cabo una iniciativa en este sentido. En el caso del conflicto vasco, no hay "precio político a pagar", sino una apuesta por desarrollar la democracia respetando las decisiones colectivas mediante procedimientos democráticos y con metodologías previamente acordadas, y no hay que confundir costes o sacrificios con precios políticos.
En conflictos con actores semejantes a ETA, es mejor preparar el terreno para que dicha organización decida autodisolverse por puro pragmatismo, a cambio de concertar ciertos beneficios para sus presos, pues el escenario de una absoluta derrota por medios policiales es irreal en organizaciones con amplia capacidad para regenerarse. Lo anterior implica también que ETA deberá abandonar cualquier término ambiguo en las siguientes fases de aproximación
que pudieran darse. Éstas pueden quedar sumamente debilitadas por un tiempo más o menos largo, pero también pueden renacer de las cenizas. En todo caso, a partir de ahora ya no valdrá la más mínima confusión en lo que se dice, de la misma manera que no se podrá prometer lo que se sabe que es irrealizable.
Vicenç Fisas es director de la Escuela de Cultura de Paz (UAB). Sus últimos libros son
Anuario 2007 de procesos de paz (en prensa) y Procesos de paz y negociación en
conflictos armados.
VICENÇ FISAS 23/04/2007
No conozco ningún proceso de paz en el mundo que no haya ido acompañado de tremendas contradicciones, sorpresas, retrocesos, crisis profundas y polarizaciones extremas, pero también de oportunidades, asunción de riesgos y persistencia.
En el caso vasco eso ha sido y es evidente, y no hay más que recordar los momentos esperanzadores del primer semestre del pasado año, el absoluto desánimo y desconcierto producido por el atentado de finales de año, la tensión provocada por la huelga de hambre de De Juana Chaos y la decisión final tomada por el Gobierno sobre este caso. Todo lo acontecido son lecciones a aprender para el futuro para que en un día no muy lejano se pueda reabrir el
proceso.
Estamos sólo en una etapa complicada de un proceso más largo, iniciado en los primeros años de la década y que probablemente termine a finales de la misma. El proceso no se inició con el alto el fuego, sino mucho antes, y el atentado de Barajas no puede hacer olvidar el paulatino cambio de las actitudes iniciales, comportamientos y demandas de la mayoría de los principales actores que han intervenido en el proceso, aunque ahora cueste recordarlo o reconocerlo, pero que constituyen un activo que muy posiblemente permita abrir una nueva etapa en un futuro no necesariamente lejano. El diálogo, aunque les pese a algunos sectores, nunca debe ser un concepto a despreciar, dado que es la base esencial de toda una serie de actividades que deberán realizar todos los actores y círculos vinculados a un conflicto.
Casi ningún proceso finaliza con victoria/derrota y venganza sobre una de las partes, por odiosa que sea, sino mediante un final concertado y dialogado. Es más, por muy mal que vayan las cosas ahora, nunca es conveniente romper todos los canales de comunicación, aunque en determinados momentos tenga que utilizarse de manera reservada, informal o a título personal, de modo que
en otras circunstancias más favorables sea más fácil reiniciar los contactos y el diálogo entre partes que se han distanciado o han roto todo contacto.
Un aspecto decisivo y esperanzador logrado en los últimos años es que en la sociedad vasca ya existe un consenso político de que las decisiones de calado han de tomarse con mayorías muy amplias (el consenso suficiente) y nunca por la lógica perversa y polarizadora del 51% de los votos, y que ningún proceso de paz es viable sin la participación de los sectores políticos más próximos a los grupos armados. Por tanto, en el "consenso suficiente" necesariamente deberá
participar Batasuna, guste o no, además del PSE (opción más probable) o el PP (muy improbable en el día de hoy). La "propuesta de Anoeta" de tener dos mesas en paralelo (el diálogo Gobierno-ETA por un lado, y separadamente el diálogo entre todos los grupos políticos) continúa teniendo sentido, pero sólo en la medida en que ambas mesas puedan ser una realidad a corto plazo y puedan actuar con independencia, esto es, que no exista tutela alguna por parte de ETA
respecto a la mesa política. Para ello, cada actor primario ha de asumir plenamente sus responsabilidades en cada fase del proceso, sin demoras ni excusas, porque desperdiciar o retrasar indefinidamente las oportunidades y las posibilidades de actuación tiene siempre un precio muy elevado. Al respecto, no sirve para nada arrojar todas las culpas a los demás, pues cada cual tiene que analizar en qué cosas ha fallado. De este modo, si Batasuna y la "izquierda
abertzale" se independizan claramente de cualquier posicionamiento militarista de ETA, se abriría un espacio decisivo para la resolución del conflicto, que no debería ser boicoteado por ninguna instancia del Estado o del Gobierno. Pero para que todas las formaciones políticas puedan participar en procesos electorales y convertir la política en el instrumento de la solución, la legislación existente (como la Ley de Partidos) debería reformarse para hacerlo posible.
El PP no debería olvidar que cualquier Gobierno tiene la obligación política y moral de intentar poner fin a un conflicto que causa víctimas mortales, sufrimientos y polarización entre la población, y que por ello ningún Gobierno debería ser acusado de traidor por querer llevar a cabo una iniciativa en este sentido. En el caso del conflicto vasco, no hay "precio político a pagar", sino una apuesta por desarrollar la democracia respetando las decisiones colectivas mediante procedimientos democráticos y con metodologías previamente acordadas, y no hay que confundir costes o sacrificios con precios políticos.
En conflictos con actores semejantes a ETA, es mejor preparar el terreno para que dicha organización decida autodisolverse por puro pragmatismo, a cambio de concertar ciertos beneficios para sus presos, pues el escenario de una absoluta derrota por medios policiales es irreal en organizaciones con amplia capacidad para regenerarse. Lo anterior implica también que ETA deberá abandonar cualquier término ambiguo en las siguientes fases de aproximación
que pudieran darse. Éstas pueden quedar sumamente debilitadas por un tiempo más o menos largo, pero también pueden renacer de las cenizas. En todo caso, a partir de ahora ya no valdrá la más mínima confusión en lo que se dice, de la misma manera que no se podrá prometer lo que se sabe que es irrealizable.
Vicenç Fisas es director de la Escuela de Cultura de Paz (UAB). Sus últimos libros son
Anuario 2007 de procesos de paz (en prensa) y Procesos de paz y negociación en
conflictos armados.
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